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Los ecologistas se cansan del Gobierno

Reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ayer, en el Parque Científico. / vicente vicéns / agm
Reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ayer, en el Parque Científico. / vicente vicéns / agm

Anse y Ecologistas en Acción abandonan el Consejo Asesor de Medio Ambiente acusando al Ejecutivo de «actuar bajo el mandato» de la Croem

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Las organizaciones ecologistas rompen con el Gobierno regional. Las relaciones estaban muy deterioradas, pero la reunión de ayer del Consejo Asesor de Medio Ambiente (Carma), con un orden del día inicial que los conservacionistas y otros cuatro colectivos sociales habían criticado por «inaudito, sorprendente e inaceptable», ha supuesto el punto final. Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), junto con la Unión de Consumidores, han decidido abandonar este órgano consultivo, en el que de momento sí permanecen la Federación de Asociaciones de Vecinos y los sindicatos UGT y CC OO, que la semana pasada también censuraron la ausencia de asuntos como la Ley de Aceleración Empresarial, la creación de la Agencia del Clima y el Medio Ambiente (Arca), el estado del Mar Menor, la contaminación radiactiva en Cartagena y por metales pesados de la Sierra Minera, los presupuestos de la Consejería o el propio funcionamiento del Carma.

La inclusión de algunos de estos puntos en la reunión «a título informativo» -ya que, según el consejero Javier Celdrán, el Carma no está obligado a informar sobre ellos- no evitó el plantón de Ecologistas en Acción y Anse, que critican la «manifiesta inutilidad» de un Consejo Asesor de Medio Ambiente que ayer solo tenía previsto pronunciarse sobre el Plan de Gestión Integral de la Sierra de Ricote y La Navela y la declaración de las Gredas de Bolnuevo como Monumento Natural.

Los colectivos 'verdes' solo volverán al Carma, aseguran, cuando el Gobierno regional «se tome en serio sus funciones y la participación social», para «no legitimar reuniones de un órgano consultivo en las que no se decide nada y se evitan pronunciamientos oficiales sobre cuestiones cruciales».

Pedro García, sobre el consejero: «Después de tantos años era difícil hacerlo peor»

Celdrán: «No es responsable»

El titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente aseguró sentirse «sorprendido y decepcionado» por «una actitud que no es positiva ni responsable para la Región. Es importante que también estén aquí los ecologistas para que aporten su visión y su queja constructiva», señaló un molesto Javier Celdrán.

Pero la distancia entre ecologistas y Ejecutivo autónomo va mucho más allá del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Por encima de las diferencias de criterio sobre el funcionamiento de este órgano -del que también forman parte universidades, centros de investigación, organizaciones agrarias, patronal, regantes, ayuntamientos y cámaras de comercio-, los colectivos conservacionistas consideran que el actual Gobierno regional está dando la puntilla a las políticas ambientales después de más de veinte años de «abandono» por parte de la Administración dirigida por el Partido Popular.

«Con todo respeto, después de tantos años era difícil hacerlo peor, y pensamos que tiene el mérito de haberlo conseguido. No ha aprendido de algunos de sus predecesores». Así se refiere al consejero Javier Celdrán el director de Anse, Pedro García, en una amarga carta en la que le anuncia su abandono del Carma.

Para Pedro García, Celdrán es quizá el consejero de Medio Ambiente menos comprometido con la conservación de la naturaleza de los últimos treinta años. Y no solo es una cuestión de 'feeling'. Anse y Ecologistas en Acción acusan al Gobierno regional de «actuar bajo el mandato de parte del sector empresarial», en referencia a la patronal Croem, organización inspiradora de la Agencia del Clima y el Medio Ambiente -que sustituirá a la Dirección General de Medio Ambiente- y de la polémica Ley de Aceleración Empresarial.

«La consecuencia de esta estrategia son leyes a la carta de intereses privados, que obvian el interés general, y con muchas 'zonas grises' a nivel legal, en las que es más fácil sortear las restricciones de la protección ambiental, y que podrían ser rebatidas por el Tribunal Constitucional, sembrando la inseguridad jurídica», advierten los ecologistas.

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