Sarkozy tacha de «infamias» las acusaciones de corrupción en el arranque del juicio

Junto a él, también son juzgados su abogado y amigo Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert. Si Sarkozy, de 65 años, es encontrado culpable, podría ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión y hasta un millón de euros de multa. La vista, que debía haber comenzado el 23 de noviembre, fue suspendida la semana pasada después de que Azibert, de 73 años, solicitara un aplazamiento alegando que su precaria salud corría peligro por la epidemia de coronavirus. Tras ser sometido a un examen médico, el Tribunal rechazó la demanda y le consideró apto para comparecer en la Sala.

Nada más comenzar el juicio, la letrada que defiende a Sarkozy, Jacqueline Laffont, pidió la anulación del proceso al considerar la existencia de presuntas irregularidades durante la instrucción. Habló de «numerosas derivas» y «violaciones graves» del derecho a la defensa, pero fue desatendida por los magistrados.

El 'caso Paul Bismuth' trascendió a raíz de unas escuchas telefónicas. Un juez de instrucción ordenó en 2013 pinchar los teléfonos de Sarkozy en el marco de una investigación sobre la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial que le abrió las puertas del Elíseo, en 2007, por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. En el curso de las pesquisas, se descubrió que el entonces ministro de Interior tenía otra línea secreta para comunicarse con su abogado. Herzog la había activado mediante una tarjeta prepago con el nombre de Paul Bismuth, en realidad, un excompañero de clase del letrado que nada tenía que ver con este asunto.

Las escuchas sacaron a la luz el presunto caso de corrupción y tráfico de influencias que se juzga estos días en París. Según la acusación, Nicolas Sarkozy y Thierry Herzog habrían intentado obtener de Gilbert Azibert, que entonces era abogado general en el Tribunal Supremo, informaciones amparadas por el secreto de sumario de otra causa que podía afectarles -el 'caso Bettencourt'- a cambio de darle «un empujón» para hacerse con un prestigioso asiento en el Consejo de Estado de Mónaco. Finalmente, el mandatario no intercedió a su favor y el magistrado no logró el puesto. La acusación mantiene que se echó atrás a última hora al descubrir que tenía el teléfono intervenido.

Jueces franceses habían ordenado diligencias para determinar si Sarkozy abusó de la debilidad de Liliane Bettencourt, anciana heredera del imperio de cosméticos L'Oréal, para financiar ilegalmente su campaña de 2007. Los tribunales acabaron desestimando en 2013 los cargos contra él por este asunto. Sarkozy quería que le devolvieran las agendas que le fueron incautadas en la instrucción del 'caso Bettencourt', para evitar que su contenido pudiera ser utilizado en otras eventuales investigaciones. Aspiraba a presentarse a las primarias de la derecha y no quería tener causas pendientes con la Justicia.

Es la primera vez en la historia de la V República que un exjefe de Estado se sienta en el banquillo de los acusados por corrupción. Jacques Chirac fue juzgado y condenado en 2011 a dos años de prisión, con suspensión de pena, por malversación de fondos en un caso de empleos ficticios cuando era alcalde de París, pero el expresidente no compareció ante los jueces debido a su delicado estado de salud.