La Verdad

El fiscal busca imputar a Sánchez en el 'caso Auditorio' «por estar en todos los hechos»

Pedro Antonio Sánchez abandona el juzgado de Lorca el 15 de julio de 2015, tras ser informado de la querella por el Auditorio.
Pedro Antonio Sánchez abandona el juzgado de Lorca el 15 de julio de 2015, tras ser informado de la querella por el Auditorio. / PACO ALONSO / AGM
  • Pide a la juez de Lorca que mande un escrito razonado al TSJ para perseguir al presidente por prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación y administración desleal

Del principio al final. Del anteproyecto al último ladrillo. De junio de 2006 a septiembre de 2011. El concurso, la adjudicación de las obras, la ejecución, la proyección de unos trabajos complementarios y hasta la recepción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras fueron «un cúmulo de despropósitos» y estuvieron preñados de «innumerables irregularidades», de «todas y cada una» de las cuales habría sido «perfecto conocedor» el entonces alcalde de la localidad y hoy presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Tal es la conclusión a la que llega el Fiscal de Delitos Urbanísticos y Contra el Medio Ambiente de la Región, José Luis Díaz Manzanera, en el informe que ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, que investiga la supuesta comisión de múltiples delitos en la adjudicación y construcción del mencionado Auditorio. El documento, que a lo largo de 23 folios enumera de manera minuciosa todas las presuntas ilegalidades que se habrían cometido en la ejecución de ese edificio, concluye con la petición expresa a la magistrada de que envíe una Exposición Razonada a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el objetivo de que sea ese órgano quien asuma las diligencias.

La solicitud del Ministerio Público se fundamenta en el hecho de que Pedro Antonio Sánchez disfruta de un fuero especial como presidente del Consejo de Gobierno y como diputado regional, lo que impide que un juzgado de Instrucción ordinario pueda perseguirlo penalmente e imputarlo; algo que Díaz Manzanera considera ya ineludible en base a los numerosos indicios de delito que -según su análisis- han aflorado en el transcurso de la investigación judicial.

En concreto, sostiene el fiscal que hay sobrado material probatorio para citar como investigado a Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento oficial y administración desleal. Salvo el de prevaricación, que solo se castiga con inhabilitación especial, el resto de los delitos llevan aparejadas penas de cárcel que pueden llegar, en cada uno de los casos, hasta los seis años.

El escrito del Ministerio Fiscal viene a poner el punto y final, de alguna forma, a la instrucción de unas diligencias que se iniciaron en marzo de 2015, cuando el TSJ remitió a Lorca la querella presentada por el Fiscal Superior, Manuel López Bernal. Pese a que esta denuncia ya señalaba expresamente a Sánchez como el principal sospechoso de esa larga serie de delitos, la Sala consideró que, antes de pronunciarse sobre la imputación del presidente, debía procederse en Lorca a «individualizar» las responsabilidades penales de cada uno de los otros querellados, así como a confirmar los indicios ya entonces existentes contra el alto mandatario del PP.

Pues bien, el fiscal Díaz Manzanera se permite ahora asegurar en su informe que la investigación coordinada por la juez Consuelo Andreo «colma con creces el mandato de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ» y que, al final, los indicios contra Pedro Antonio Sánchez han quedado «concretados e individualizados en los mismos términos en que aparecían ya en la querella inicial de la Fiscalía».

Seguidamente, el representante del Ministerio Público pasa a relatar, a lo largo de seis apartados distintos, los hechos de apariencia delictiva en los que habría intervenido el entonces alcalde lumbrerense y hoy presidente del Consejo de Gobierno.

«Encargos verbales» al arquitecto

Prevaricación continuada

«Constan diversos encargos verbales, legalmente prohibidos, por parte del alcalde al arquitecto Martín Lejarraga sobre diversos proyectos de Teatro Auditorio, omitiendo cualquier procedimiento y sin documentación ni concurso alguno», comienza su relato el fiscal.

Según sostiene, Lejarraga «fue contratado verbalmente y sin previo concurso, y (en noviembre de 2007) tenía ya redactado el proyecto del Teatro Auditorio, tras 18 meses de trabajo», y contaba «con la subvención de seis millones concedida por la Comunidad once meses antes».

Sin embargo, tras constatar las quejas que llegaban desde el Colegio de Arquitectos y de profesionales de ese gremio por estar anunciado ya públicamente quién iba a redactar y ejecutar el proyecto, decidió el alcalde convocar un 'concurso' para aparentar que se iba a 'adjudicar' de forma legal. «El concurso fue una farsa», resume el fiscal, que explica que se restringió la publicidad de esa convocatoria, se obvió la obligatoria publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), se convocó en plenas Navidades (el 26 de diciembre) y solo se dio un plazo de 15 días, en vez de los 52 que la ley impone como mínimo en estos casos.

El 14 de enero de 2008, un jurado presidido por Sánchez otorgó la concesión a Martín Lejarraga en una reunión que solo duró hora y media.

Díaz Manzanera considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación continuada.

Cambio del terreno y del proyecto

Prevaricación

También se habría incumplido la ley de forma flagrante con la licitación de las obras, que no se publicaron en el DOCE con 52 días de antelación, se tramitaron por procedimiento de urgencia sin justificación alguna, se otorgó solo un plazo de 13 días naturales para presentar las ofertas e incluso se sacó el concurso para un terreno y un proyecto distintos a los que justificaron la subvención de seis millones de la Consejería de Cultura, sin que este organismo llegara a autorizarlo.

Puntuación idéntica en las ofertas

Prevaricación, falsedad, fraude y malversación

El precio de licitación de las obras salió por 5.998.514 euros y se presentaron dos ofertas: Ecisa, por 5.659.597 euros, y Construcciones Villegas, por 5.997.314 euros. La adjudicación se hizo en base a un informe del arquitecto técnico municipal, que valoró la propuesta de las dos compañías de forma idéntica, pese a que Villegas, por ejemplo, ofrecía unas «mejoras» por 9.046 euros en un apartado que tenía una puntuación máxima de 50 puntos. Sin embargo, tanto esa firma como Ecisa, que no había cuantificado mejora alguna, se llevaron cero puntos por ese concepto.

En tales circunstancias, la Mesa de Contratación, presidida por Sánchez, adjudicó las obras a Ecisa en solo quince minutos, basándose solamente en que el precio era menor. Ello no evitó, siempre según el fiscal, que esta constructora acabara cobrando el importe íntegro de la subvención e incluso se le devolvieron los avales por importe de 2,2 millones, pese a que la obra no se acabó.

El informe recoge que en las certificaciones de obra, que firmaron el entonces alcalde y la secretaria municipal con el visto bueno del interventor, se incluyeron por duplicado las partidas de Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA; se facturaron de forma supuestamente injustificada unos gastos de seguridad e higiene por casi 170.000 euros y se pagó el acopio de objetos, «que físicamente han desaparecido».

Aunque los informes técnicos sostienen que los seis millones de la subvención están empleados en la obra, todas esas presuntas irregularidades se traducen en que el edificio se quedó incompleto, con un 38% pendiente de acabar, de forma que habría requerido de una inversión de casi 2,3 millones para finalizarlo.

Pese a que desde ámbitos de las defensas se ha venido afirmando que ese desfase presupuestario se debió a que hubo que hacer un modificado del proyecto, Díaz Manzanera recuerda que esa circunstancia no suponía incrementar el gasto, «sino reducir obra, materiales y calidades por importe de 2,2 millones, un importe que se regaló a Ecisa, que se había comprometido a realizar las obras por 5,6 millones, a lo que hay que sumar además los 2,2 millones que faltan para acabar el edificio».

Nuevas obras no justificadas

Prevaricación y fraude

En septiembre de 2009 se abonaron a Ecisa 338.916 euros «por unas 'obras complementarias' que no se tenían que haber pagado, ya que se comprometió a hacer toda el edificio por el importe ya conocido». Ese pago, sostiene el fiscal, «supone una grosera y flagrante transgresión de los términos del contrato con el Ayuntamiento» y, en términos penales, un supuesto delito de fraude.

Nulo control del destino de la ayuda

Prevaricación, fraude y malversación de caudales

Los responsables de la Consejería de Cultura, señala, «faltaron a sus obligaciones legales de ser garantes del control de la subvención de seis millones y no hicieron las comprobaciones pertinentes: ni el terreno en el que se iba a construir, ni las distintas fases de ejecución, ni la realidad de las certificaciones y de las obras complementarias, ni lo más mínimo sobre la recepción del edificio».

«Un acta sin desperdicio»

Fraude

«El acta de recepción no tiene desperdicio», afirma el fiscal, que explica que el Consistorio dio por buenas y por terminadas las obras el 20 de septiembre de 2011, pese a que faltaban por invertir casi 2,3 millones (un 38% estaba sin acabar), se había eliminado el bar-cafetería y se habían abonado 338.916 euros de más a Ecisa.

Díaz Manzanera deja la última decisión en manos de la juez Andreo. La respuesta, en breve.