Los seis tramites ilegales a juicio de la fiscalía

Concurso de Proyectos

Delito continuado de prevaricación: El fiscal asegura que la redacción del proyecto del Teatro Auditorio se adjudicó al arquitecto Martín Lejarraga solo con el «encargo verbal» del entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien meses después habría simulado un concurso de ideas para atajar las críticas provenientes del gremio de los arquitectos.

Concurso de obras

Prevaricación: La licitación de las obras habría incumplido numerosos preceptos legales, como publicarla en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) y dar al menos 52 días de plazo para presentar ofertas (se dieron 13 días y en plenas Navidades). Además, la Consejería no autorizó a cambiar el terreno ni el proyecto para el que se dio la subvención.

Adjudicación y ejecución del contrato de obras

Prevaricación, falsedad documental, fraude y malversación: Las dos ofertas que se presentaron (Ecisa y Villegas) se llevaron idéntica puntuación «sin justificación alguna», según el Ministerio Público, y luego se adjudicó el contrato a la primera compañía por ser inferior el precio, aunque acabó cobrando el 100% del presupuesto.

Proyecto de obras complementarias

Prevaricación y fraude: El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras abonó 338.916 euros a Ecisa por unas supuestas «obras complementarias» para las que no existiría justificación. Ese dinero coincidía además, al 100%, con la rebaja de precio que hizo Ecisa en su oferta y que le hizo ganar el concurso. Una decisión «flagrante y grosera».

Subvención de la Comunidad Autónoma

Prevaricación, fraude y malversación: Los responsables de la Consejería de Cultura no habrían efectuado la más mínima fiscalización del destino de una subvención de seis millones: ni el cambio del terreno y del proyecto, ni la realidad de las certificaciones, ni la justificación del modificado, ni el estado de las obras a su recepción.

Acta de recepción de la obra inacabada

Fraude: El 20 de septiembre de 2011, con el visto bueno de Sánchez, se recepcionó la obra pese a que estaba sin finalizar en un 38% y se requería una inversión de 2,3 millones para acabarla. Se declaró recibir las obras «terminadas y en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas». Un acta «sin desperdicio», a juicio del fiscal.