Arrecian los ataques de la oposición

Los socialistas fueron los más duros en su reacción, y los únicos que, de momento, han pedido la dimisión del presidente. Según el secretario de Comunicación del PSOE-RM, Emilio Ivars, la Región de Murcia «no puede soportar ni un minuto más tener a un presidente cercado por los casos de corrupción».

Según Ivars, la decisión del fiscal «corrobora las sospechas» sobre «la intervención directa del presidente murciano en todas las decisiones y actos que se realizaron en torno al auditorio de Puerto Lumbreras, todos ellos relacionados con delitos de corrupción y tratos de favor: prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación y administración desleal».

En su opinión, «tener a un presidente cercado por la Justicia, no solo en el 'caso Auditorio', sino también en la 'Púnica', es perjudicial para esta Región y para los ciudadanos, y nefasto para la imagen exterior de la Comunidad Autónoma».

El dirigente socialista se preguntó «a qué espera Pedro Antonio Sánchez para abandonar su cargo».

Para Ivars, una región como Murcia «no se merece un presidente cercado por la justicia, que se dedica más a defenderse ante los tribunales y a limpiar su mala reputación que a trabajar por una comunidad autónoma mejor y con mayores oportunidades».

Cautela y espera en C's

Ciudadanos, el partido que impuso a Pedro Antonio Sánchez su dimisión si era imputado en el pacto que propició su investidura, optó por la cautela, aunque no dudó en calificar de «grave» el escrito del fiscal.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, indicó que su partido «esperará» el pronunciamiento de los magistrados, pero que, en el caso de que se confirme la imputación del presidente regional, exigirán el cumplimiento del pacto de investidura y, por tanto, su dimisión.

El líder de la formación naranja explicó que «respetan» los tiempos judiciales y que, en este caso, al estar aforado el presidente, primero la jueza de Lorca que instruye el caso debe dictar una resolución motivada sobre la petición del fiscal dirigida al Tribunal Superior de Justicia, que es el que, en última instancia, «tiene potestad para imputar».

A su juicio, «la cosa pinta mal» para el presidente regional porque su partido entiende que la acusación es «grave», pero apuestan por «ser cautos y respetuosos con las decisiones de los órganos judiciales».

El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, coincidió en que el asunto adquiere tintes de máxima gravedad, y resaltó que es el fiscal de Delitos Urbanísticos quien «acusa directamente a Pedro Antonio Sánchez de cometer cinco delitos muy graves».

«No es una conspiración»

«Ya no es ninguna acusación particular o partido político. Hablamos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento público, malversación de fondos públicos y administración desleal y esto no se lo pueden tomar a la ligera. Es la Fiscalía quien lo dice», agregó Óscar Urralburu.

El líder de la formación morada subrayó que «no estamos ante meros ilícitos administrativos ni ante una conspiración del mundo contra Sánchez. El fiscal es el que aprecia que Sánchez ha podido cometer de modo reiterado cinco delitos muy graves».

A su juicio, «es evidente que la situación procesal del presidente es hoy más complicada que ayer, y está un paso más cerca de una posible imputación».

«Independientemente de la posible responsabilidad penal -añadió-, hay una clara responsabilidad política del presidente, que muestra, como poco, su incapacidad de gestión, y que nos cuesta a la ciudadanía de la Región muchos millones de euros, con un coste de oportunidad que será más difícil de recuperar cuanto más tiempo pase y cuanto más se ahonde en las nefastas políticas que sufrimos hoy día».

«El PSOE debe pedir perdón»

La defensa del presidente regional desde el PP la asumió el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Víctor Manuel Martínez, quien exigió al PSOE que «deje de acosar» a Pedro Antonio Sánchez en los tribunales y que «pida perdón» por las denuncias presentadas contra él que han sido archivadas, así como por los «intentos de retorcer la verdad y de instrumentalizar la justicia para hacer un uso político y partidista».

Martínez insistió en el que parece el principal argumento de los populares para proteger a su líder: que los tribunales han desestimado ya quince denuncias presentadas por el PSOE contra el presidente de la Comunidad. El portavoz popular precisó que la del 'caso Auditorio' es la número dieciséis, por lo que, concluyó, es el «'modus operandi' de González Tovar».

«Poco le importa al PSOE que hasta hoy en quince ocasiones la Justicia haya archivado las denuncias», apuntó Víctor Manuel Martínez, a pesar de lo cual, «a día de hoy, los socialistas siguen sin pedir perdón y poco les importa el sufrimiento de las personas afectadas por sus denuncias».

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