«Me quieren echar el muerto», dice el secretario del Ayuntamiento de Librilla

El secretario del Ayuntamiento de Librilla, Marcos Marín, imputado en la Operación Biblioteca, sobre presunta corrupción urbanística en la adjudicación de obras, ha declarado que se siente víctima de una venganza y que ahora "le quieren echar todos los muertos".

Estas afirmaciones las ha hecho Marín durante su declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, que investiga los hechos, descubiertos en el año 2008 y que llevaron a la cárcel, entre otros, al entonces alcalde del municipio, José Martínez.

A preguntas de su abogado defensor, el secretario del Ayuntamiento ha mostrado su sorpresa porque mientras que en el año 2009 los imputados no "lo mencionaron para nada", ahora le quieren echar a él toda la culpa.

Asimismo, indicó que no descarta ser víctima de una venganza "por parte de uno de ellos, que se lo ha podido transmitir a los demás".

Este imputado, que se ha negado a responder a las preguntas de los demás abogados defensores, ha indicado que no observó que nadie tuviera ningún interés en preparar un pliego de cláusulas determinado para que los trabajos del Plan General de Ordenación Urbana fueran adjudicados a la empresa ACADI, propiedad de dos de los imputados.

Marín ha señalado igualmente que cree recordar que a la hora de redactar el pliego se utilizó como referencia el modelo que había empleado otro ayuntamiento, "sin que se cambiaran las criterios de selección ni las condiciones", según se recoge en el acta de su declaración.

El declarante ha asegurado que cuando se percató de que otro imputado, Cesáreo Gil de Pareja, incurría en incompatibilidad al simultanear su trabajo como técnico en el ayuntamiento y en ACADI se lo comunicó al alcalde.

El secretario municipal ha negado que se hubiera reunido con las personas que propusieron convenios urbanísticos al ayuntamiento, para añadir que "nunca ha estado en negociación alguna ni ha firmado esos convenios".

Marín había sido citado de nuevo a declarar por el juez, aunque, en este caso, como imputado, no como testigo, como lo había hecho con anterioridad, al considerar el magistrado, Andrés Carrillo, que su papel como secretario del ayuntamiento le obligaba a estar más atento a las operaciones urbanísticas.

En concreto, en la resolución judicial en la que se acordó citarle a esta nueva declaración, el magistrado señalaba que si se dio cuenta de que prácticamente todas las licitaciones iban a parar a ACADI, "le era exigible algo más que presenciar impasible esa operativa sin hacer nada al respecto".