Antifraude exige más vigilancia ante la proliferación de vallas publicitarias en Orihuela Costa
La agencia autonómica constata que el Ayuntamiento solo tiene abiertos 17 expedientes de restauración de la legalidad frente a los más de 50 soportes que pueblan la N-332
Las vallas publicitarias ya casi se han convertido en una característica genuina más del paisaje de Orihuela Costa. Transitar en coche la N-332 es un sinfín de reclamos comerciales sobre todo tipo de actividades y en todos los idiomas. Pero esa proliferación ya ha llamado la atención de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). La entidad autonómica sospecha que el Ayuntamiento no estaría haciendo todo lo que está en su mano para atajar la proliferación de soportes publicitarios junto a la carretera principal que vertebra el litoral oriolano.
La resolución final de la investigación, hecha pública este martes por la Agencia, recoge que el origen de las indagaciones se inicia tras una denuncia anónima a su buzón en enero de 2022. El denunciante insta a los investigadores a que reclamen al Consistorio oriolano la ordenanza reguladora de este tipo de actividades lucrativas, los expedientes de licencia para la instalación de dichos soportes, expedientes sancionadores abiertos y la normativa urbanística por la que se rigen las principales urbanizaciones que lindan con la N-332: La Zenia, Cabo Roig, La Regia y Playa Flamenca.
Al informe se adjunta un anexo fotográfico que da buena prueba de la multitud de tipos de soportes para cartelería publicitaria, donde se pueden observar de tipo tótem, tipo valla o sobre fachadas. También la variedad de emplazamientos en la que se encuentran, pues se observan tanto en dominio público como en parcelas privadas.
Solo tres solicitudes de licencia
Antifraude trasladó el requerimiento al Ayuntamiento. La documentación solicitada fue cumplimentada en su totalidad a excepción de la ordenanza reguladora, la cual encontró la propia Agencia publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Pero eso no es, sin embargo, lo más significativo. Según recoge la AVAF en su informe de conclusiones, «con los datos obtenidos de la propia entidad local, sólo constan tres expedientes de solicitud de licencia (declaraciones reponsables de obra) para la instalación de elementos publicitarios, por lo que no es habitual que se soliciten autorizaciones para la instalación de los elementos publicitarios».
Asimismo, recogen los investigadores, «existen muchas más instalaciones de elementos publicitarios establecidas en el territorio que expedientes de restauración de la legalidad urbanística infringida por la colocación de dichos soportes publicitarios». También, inciden, «no se han abierto expedientes de restauración de la legalidad urbanística infringida en todas las ubicaciones existentes».
Tras esas conclusiones preliminares, el Ayuntamiento presentó varias alegaciones, las cuales fueron todas desestimadas por la Agencia. Consideran que «no desvirtúan las conclusiones del informe provisional». Incluso, afirman, una de los alegaciones presentadas viene a refrendar las investigaciones al asegurar el Ayuntamiento, según recoge el informe de la AVAF, que entre la primera reclamación de documentación y el periodo de alegaciones el propio Consistorio oriolano había localizado nueve expedientes más de colocación de vallas, «lo que incide todavía más en la extensión de la problemática».
Falta de medios humanos
En una de las alegaciones, asimismo, el Ayuntamiento explica que los expedientes adjuntados a la Agencia fueron instruidos por la brigada de Disciplina Urbanística y no por quejas vecinales. Una unidad, reconoce el Consistorio, mermada en efectivos. «Se compone por solo tres inspectores para un término municipal de 395 kilómetros cuadrados. Debemos poner en conocimiento que, en el periodo 2019-2023, el departamento ha incoado 1259 expedientes de disciplina urbanística y ello sin computar los expedientes de restauración en cuanto a obras de reforma y conservación de inmuebles».
A pesar de ello, en total y solo en la N-332, la Agencia constata la existencia de «más de 50 ubicaciones de elementos de vallado en distintas ubicaciones y más de 90 elementos publicitarios distintos sólo en dicha carretera a su paso por Orihuela» frente a los apenas 27 expedientes relacionados trasladados por el Ayuntamiento a la AVAF.
17 expedientes disciplinarios
En este sentido, la Agencia recrimina que solo consta incoación de expedientes de restauración de la legalidad urbanística en 17 de los expedientes remitidos. Es por esto que ve «una presunta inactividad municipal» que hace que este problema, indican también en sus conclusiones, se observe en otros puntos del término municipal.
Como nota final, la Agencia, que no tiene carácter judicial y que solo puede emitir recomendaciones, insta al Ayuntamiento de Orihuela a que, «en uso de su facultad de la organización departamental de la entidad local y de la inspección del territorio, debe iniciar un procedimiento de impulso y supervisión de la restauración de la legalidad urbanística infringida de la totalidad de los elementos publicitarios existentes en su término municipal, priorizando el entorno de la carretera N-332 por la mayor densidad existente».
Plazo de tres meses
La Agencia concede al Consistorio un plazo de tres meses «para que informe al director de la Agencia Análisis e Investigación sobre el inicio de las actuaciones recomendadas; o, en su caso, sobre los motivos que pudieran impedir actuar de acuerdo con tales recomendaciones». El Ayuntamiento deberá informar a los seis meses del estado de los expedientes emprendidos, así como de la finalización de los mismos.
