El Consejo de Ministros aprobó ayer una ley tan ambiciosa como la reforma del Enjuiciamiento Criminal vigente, con modificaciones, desde 1882 a sabiendas de que ... su ajustada situación parlamentaria se ha precarizado tras la ruptura escenificada el lunes por Junts. Y a sabiendas de que la restricción en el uso de la figura constitucional de la acusación popular venía despertando notorias reticencias en sus socios empezando por Sumar. La reforma legal para que sean los fiscales los que se hagan cargo de la investigación penal, como ocurre en otros países de nuestro entorno, constituye un giro tan profundo que ninguno de los otros dos gobiernos que la consideraron –los del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el popular Mariano Rajoy– llegaron tan lejos como lo ha hecho ahora Pedro Sánchez. Pero la constatación de que hubo un tiempo, hace dos décadas, en que PSOE y PP suscribieron un Pacto por la Justicia que acolchaba los cambios y la evidencia de que la 'ley Bolaños' puede estrellarse ante la nueva minoría del Gobierno en el Congreso vuelven a aconsejar lo que parece una quimera esta legislatura: la forja de pactos de Estado que, en este caso, alumbren algo tan sensible como el enjuiciamiento del delito.
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