El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a ... solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral; un vacío difícil de cubrir, agitado por la perenne contracción de la natalidad y el éxodo de ciudadanos nacionales. En este contexto, la llegada de 4,6 millones de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y un 70% buscará empleo. No obstante, este potencial se ve limitado por prejuicios y trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias. La lenta homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que los empujan a sectores de baja cualificación, lo que desperdicia capital humano en áreas críticas. Esta exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios públicos: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada, y llamada a sostener a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y agilizar la homologación para preservar el Estado de bienestar.
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