La sentencia al fiscal general del Estado

La pantomima del aniversario de los 50 años de la muerte de Franco no es de recibo. Permítanme cambiar el titular sanchista por 'La conmemoración de los 50 años de monarquía'. Todos sabemos que el motor del cambio democrático vino de la mano de la monarquía. Lo recordó Felipe González en su reconocimiento reciente.

Cuatro días después de la sentencia al fiscal general, el presidente aterrizó con su Falcon en Johannesburgo y, por primera vez desde el atril –en la reunión del G20– en dicha ciudad nos dice lo siguiente: que acata la sentencia, pero discrepa de la misma, la lamenta, para añadir a continuación que hay otras instancias jurisdiccionales (Tribunal Constitucional) donde pueden dirimirse aspectos de esta sentencia que puedan ser controvertidos.

Señores, el presidente nos sigue sorprendiendo: acata la sentencia, pero ataca al Tribunal Supremo con sus armas, jaleando la calle, dando consignas a su Gobierno y alabando la labor del fiscal general como servidor público, habiendo sido condenado por un delito muy grave.

En cualquier país democrático, ante hechos que han dañado gravemente nuestras instituciones, cualquier presidente responsable habría dimitido inmediatamente. Y con más razón todavía después de la defensa espartana que ha hecho de su fiscal general: antes del juicio, durante y después de la sentencia. Un presidente cada vez más acorralado por la corrupción por los cuatro costados. Cualquier cartagenero diría: ¡manda huevos!

Hace pocos días, el socialista Alfonso Guerra, en su visita a Murcia, nos dijo con cierta ironía: «Si Alberto González no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no iba a estar el fiscal general sacando del fútbol a nadie por la noche» (sacó al fiscal instructor Julián Salto). Por tanto, cuando uno da un paso de este calibre, debe saber que puede tener una responsabilidad, como la ha tenido.

Un juicio que se ha desarrollado en plena libertad democrática, con más de 40 testigos (periodistas, fiscales, UCO, políticos, abogados...), seis sesiones repartidas en dos semanas y con siete jueces de reconocido prestigio en el tribunal, cuando podían haber sido tres o cinco.

Por último, suelo seguir al periodista Vicente Vallés y hace pocos días escribió lo siguiente sobre la intervención de Felipe VI en el acto por los 50 años de monarquía: «Resulta tan destacable el ejercicio de arbitraje y moderación constitucional que realizó Felipe VI en su discurso cuando habló de consenso (¿dónde quedó?), de coordinación entre administraciones, de la responsabilidad de las instituciones, de favorecer la serenidad frente a la contienda atronadora, y del riesgo que provoca la discordia llevada al extremo por un ruido pertinaz... Nadie hará caso al Rey, porque ese ruido atronador impide que se escuchen las voces templadas. Pero alguna esperanza sobrevive cuando, al menos de momento, se mantiene en pie una columna de nuestra democracia: la Corona».