El Parlamento señala a Chaves y Griñán como responsables del presunto fraude de los cursos de formación

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los máximos responsables políticos del supuesto fraude de los cursos de formación, según se recoge en el dictamen inicial con las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz. El que fue considerado el gran escándalo de corrupción de la región, por encima de los ERE -según llegaron a considerarlo diversas fuentes- se ha ido desinflando en los juzgados, pero también en el Parlamento, que ha reducido el caso a desórdenes e incidencias en el control, seguimiento, ejecución y evaluación de la subvenciones.

El informe con las conclusiones, un documento de 136 páginas, fue presentado en la tarde del lunes por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), quien no adelantó detalles sobre el contenido del mismo al tratarse de información reservada. Pero en un caso que salpicaba de lleno a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que llegó a declarar en la comisión, los detalles no iban a quedar en el limbo mucho tiempo. Así, rápidamente trascendió que el foco se limitaba a ambos expresidentes procesados por el caso ERE-- por su responsabilidad in eligendo e in vigilando a lo largo de sus años de presidencia y por su papel en la elección de los responsables de la Consejería de Empleo. Para el PP, sin embargo, esta conclusión pone de manifiesto que el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Ciudadanos incluía también tapar sus vergüenzas y no señalar la responsabilidad de la jefa del ejecutivo por mantener suspendidos sin explicaciones unos fondos públicos que no se han vuelto a convocar hasta finales de 2016.

No obstante, la comisión parlamentaria ha ido un paso más allá de la investigación judicial. Y es que las conclusiones se han registrado en la cámara autonómica el mismo día que se conoce que Anticorrupción se ha opuesto a que los expresidentes andaluces sean citados en calidad de investigados en una de las piezas que investiga las ayudas de 33 millones dadas al exconsejero andaluz Angel Ojeda, detenido en el marco del caso EDU, por cursos supuestamente impartidos a los trabajadores de la multinacional Delphi.

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