Viajar a Madrid para abortar: «Salud vulneró nuestros derechos, y por fin se reconoce»
El SMS derivó hasta 2021 a decenas de mujeres a clínicas madrileñas para la interrupción del embarazo; ahora el Constitucional rechaza esta práctica en una sentencia que vuelve a situar en el centro de la polémica la gestión de estas intervenciones en la Región de Murcia
Durante años, el Servicio Murciano de Salud (SMS) envió a decenas de mujeres a abortar a Madrid con el argumento de que en la Región ... de Murcia no había profesionales dispuestos a realizar estas intervenciones. Fue una práctica sistemática para aquellas interrupciones que se producían por causas médicas a partir de la semana 22, pero también se derivó, al menos durante un tiempo, a pacientes con embarazos de entre 20 y 22 semanas. Solo entre 2019 y 2020 tuvieron que desplazarse a Madrid 39 mujeres murcianas, según los datos facilitados en su día. El resto de abortos se llevaban a cabo en la Región, pero siempre en centros concertados. Muchas de estas mujeres volvieron de Madrid traumatizadas por la experiencia de tener que decir adiós a un hijo deseado lejos de su casa, sin el apoyo de quienes habían sido sus médicos y matronas, y con la sensación «de estar haciendo la peor cosa del mundo», como confiesa una de ellas.
Algunas de estas mujeres alzaron la voz y denunciaron su situación. En 2021, y ante la presión mediática y de la opinión pública, la Consejería de Salud rectificó y el sistema público pasó a asumir las intervenciones por encima de la semana 22. Ahora, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que estas derivaciones a clínicas fuera de la comunidad autónoma supusieron una vulneración «de los derechos de la mujer». La sentencia da la razón a Antonia, una paciente de Cartagena que terminó abortando en Madrid en la semana 26 de gestación tras intentar durante las semanas previas que en el Hospital Santa Lucía le aclarasen cuál era la situación del feto. El fallo, aprobado por unanimidad, supone un correctivo sin precedentes a la gestión del aborto en la Región de Murcia. Los argumentos de la Consejería ni siquiera han convencido a los magistrados del sector conservador, aunque dos de ellos han introducido matices que se conocerán cuando se haga pública la sentencia.
Claudia Hosseinpour es una de las pacientes que en 2021 formaron la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública y ofrecieron su testimonio para advertir de lo que estaba sucediendo. Tuvo que escuchar críticas por «estar exagerando», mientras la Administración regional defendía a capa y espada que se cumplía la ley. Por eso, ahora confiesa estar «muy contenta». «El Constitucional ha dejado claro que nuestros derechos se vulneraron, que es lo que denunciamos en su día», subraya esta médica, que abortó en enero de 2019 en una clínica de Madrid. Estaba embarazada de 21 semanas y 5 días. Podría, en ese sentido, haber acudido a la clínica con la que el SMS mantiene un concierto en Murcia, pero no se sentía segura por estar tan cerca de las 22 semanas. «Me aconsejaron que me fuese a Madrid y lo hice, pagando yo todo», recuerda.
«La experiencia fue muy mala: un parto muy largo con analgesia insuficiente. No me trataron nada bien», cuenta. Pero, en realidad, en su caso la clave no está tanto en su viaje a Madrid -podría haber abortado en la clínica privada de Murcia-, como en el hecho de que su intervención no fuese asumida por la sanidad pública ni siquiera teniendo en cuenta que su hijo presentaba, según explica Claudia, «malformaciones incompatibles con la vida». Entre otras cosas, al feto le detectaron holoprosencefalia (una anomalía genética que lleva a que el cerebro no se divida en los dos hemisferios). En su versión más grave, los niños nacen muertos o no sobreviven a los seis meses.
Claudia no fue atendida en la sanidad pública porque, según defendía la Consejería, no había profesionales dispuestos a practicar abortos. Pero el Constitucional advierte en la sentencia conocida esta semana de que el derecho a la objeción de conciencia debe ejercerse «individualmente, de forma anticipada y por escrito». Estos requisitos no se cumplían en la Región de Murcia, donde los servicios de Ginecología y Obstetricia han funcionado siempre con supuestas objeciones en bloque no registradas.
El abogado Ignacio Martínez, de la Asociación Defensor del Paciente, pone el acento en este punto. «Los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia, faltaría más, pero lo que no es admisible es que todo un servicio sea objetor de manera colectiva», advierte. El Constitucional ha dictaminado que esta forma de proceder no respetó la Ley de Plazos de 2010, que es la que estaba vigente cuando tanto Antonia como Claudia Hosseinpour solicitaron acogerse a su derecho al aborto.
Para evitar que se mantengan estas objeciones en bloque, la reforma de la Ley del Aborto aprobada esta legislatura insta a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores de conciencia en el que los sanitarios deben inscribirse de manera individual.
Cumpliendo con este cambio normativo, el SMS creó el año pasado un registro autonómico, pero tan solo se han inscrito hasta la fecha 39 sanitarios en toda la Región de Murcia, de los que 33 son ginecólogos. Para poner esta cifra en su contexto hay que tener en cuenta que solo en La Arrixaca hay más de 60 ginecólogos en plantilla.
Sin embargo, los abortos siguen derivándose de forma muy mayoritaria a las clínicas privadas. La sanidad pública regional solo asume la fase final del aborto (la expulsión del feto) en aquellas interrupciones que se producen por causas médicas entre las semanas 20 y 22, y todo el proceso en las interrupciones a partir de la semana 23.
La Arrixaca asumió parte del proceso en 72 abortos el año pasado
El nuevo protocolo del SMS mantiene la derivación a centros privados de todos los abortos hasta la semana 14, pero contempla la posibilidad de que las mujeres que interrumpen el embarazo por causas médicas entre las semanas 20 y 22 puedan ser atendidas en La Arrixaca durante la fase de expulsión del feto si así lo desean. Eso sí, la fase inicial -la técnica que pone fin a la viabilidad fetal- se sigue llevando a cabo en las clínicas concertadas. De esta forma, se sortean los reparos morales de parte de la plantilla, admiten algunos profesionales del hospital. El año pasado se realizaron 72 intervenciones de este tipo en La Arrixaca. Además, se llevaron a cabo 6 abortos a partir de la semana 23. La Consejería de Salud insiste en que «la legislación se cumple en la Región» y defiende que «la atención para la interrupción del embarazo se presta de forma integral, individualizada y desde el respeto a la autonomía de la mujer en su toma de decisiones».
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