El veto del Ministerio a los anuncios ilegales de pisos turísticos pone cerco a cientos de alquileres

La exigencia ministerial a la multinacional, a través de la Dirección General de Consumo, consiste en la eliminación de los anuncios en su portal 'online' al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos. En concreto, considera que vulneran la normativa de las comunidades autónomas. Por ello, remitió a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se instaba a poner fin a esta publicidad de los anuncios ilegales detectados.

Y aunque la compañía recurrió esta acción ante la Justicia, el Tribunal Superior (TSJ) de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución estatal emitiendo un auto en el que avala las actuaciones, e insta a retirar de manera inmediata hasta 5.800 anuncios de pisos turísticos publicados en Airbnb. Aunque entre este primer paquete de afectados no hay ninguno de la Comunidad.

No obstante, hay que tener en cuenta que en la labor de vigilancia que se lleva al respecto desde el Gobierno regional en el ámbito digital, el Instituto de Turismo de la Región (Itrem) detectó el pasado año un total de 638 anuncios en internet de viviendas que no cumplían con la normativa vigente. Aparte, los técnicos realizaron medio millar de visitas de inspección a viviendas de uso turístico para hacer las correspondientes comprobaciones. Igualmente, en lo que va de 2025 se han detectado mediante visitas otro centenar de inmuebles que se encuentran en situación irregular.

«En la Región estimamos que una parte significativa de la oferta sigue operando fuera del marco legal, especialmente en zonas costeras. Así que este tipo de acciones —como el bloqueo de anuncios ilegales— refuerzan el trabajo de quienes sí cumplimos con la normativa, ofrecemos empleos estables y generamos ingresos fiscales para nuestros municipios», hace hincapié Morales.

Sobre el impulso que la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes realiza para preservar el buen uso de las viviendas de uso turístico dentro del territorio murciano, se puso en marcha en 2023 una unidad específica de inspección de plataformas 'online' que desde su origen ha detectado más de 1.000 viviendas de uso turístico ilegales que en su mayoría han sido regularizadas.

El máximo responsable de Aloja Región de Murcia sostiene que «estimamos que entre un 60% y un 70% de la oferta turística sigue operando de forma ilegal o alegal, aunque esa cifra va descendiendo, especialmente desde 2024 gracias a la labor de inspección y control que está realizando el Itrem, cuya actuación ha sido muy positiva y constante en este sentido». Así, la obligatoria licencia de actividad turística impulsada por la Comunidad ha permitido que muchos pisos y apartamentos hayan salido de la 'economía en negro'. En ese sentido, el parque de alojamientos legales se aproxima a los 8.000, tras duplicarse en los últimos cuatro años.

Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de un total de 65.935 anuncios detectados en Airbnb en el conjunto de España, y que estarían incumpliendo diferentes normativas. Aunque a preguntas de este periódico indicaron ayer no tener desglosado por el momento el reparto de ese volumen exacto por comunidades. A la plataforma le corresponde verificar que los anuncios incluyan el número de registro turístico oficial.

En primer lugar, se citan los anuncios que no incluyen el número de licencia o registro, que es la infracción más común. Segundo, los anuncios no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido. Y, en tercer lugar, incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Una práctica que puede inducir a error o a engaño.

Es importante tener en cuenta que la Región es una las primeras autonomías en establecer un acuerdo con Airbnb –hace dos meses– que impide ya que se den de alta nuevas que no cuenten con el registro correspondiente.

La Administración regional reivindica que son «muy proactivos en la vigilancia de cualquier plataforma que oferte este tipo de viviendas de uso turístico que juegan un papel complementario al alojamiento hotelero, especialmente en periodos de alta demanda o en municipios que no disponen de infraestructura hotelera, siempre velando porque este tipo de alojamientos se encuentren dentro del marco legal y que cuenten con las máximas garantías para proteger tanto a aquellos que visiten la Región, como a los propietarios».

Asimismo, el ministro Bustinduy manifiesta su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes «para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores». Por esta razón, desde Consumo «se trabaja en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades». Y cita el ofrecimiento de asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea.

Por otro lado, esta actuación «llega en un momento clave, justo antes del cambio de modelo nacional previsto para julio, que exigirá una inscripción en el Registro de la Propiedad mediante una ventanilla única. Esto supondrá un antes y un después en la regulación del sector», indican en Aloja, cuyo presidente insiste «en la importancia de una coordinación efectiva entre administraciones y plataformas para garantizar un mercado justo y seguro».

«No es fácil calcular con precisión el perjuicio económico para los pisos turísticos reglados, ya que depende del tipo de alojamiento, la ubicación y la temporada. Pero sí podemos afirmar que el impacto es muy alto, no solo en términos económicos, sino también en otros aspectos fundamentales, ya que distorsiona los precios y reduce la rentabilidad de los operadores legales, que sí pagan impuestos, seguros, personal, mantenimiento y cumplen la normativa», advierte del presidente de la asociación de propietarios Aloja Región de Murcia, Gregorio Morales.

Porque la irrupción de particulares sin demás, añade otros efectos, ya que «fomenta el trabajo irregular y la economía sumergida, afectando al empleo de calidad en el sector». Sin olvidar que «perjudica la imagen del destino al aumentar el riesgo de estafas o experiencias negativas por parte de turistas que acaban alojados en lugares sin garantías», manifiesta con rotundidad.

Por eso desde el sector «insistimos en que la regulación no es solo un asunto económico, sino de sostenibilidad, convivencia y reputación del destino», añade Morales, CEO de Trian, una firma líder en la gestión de alojamientos turísticos con más de 20 años de experiencia en esta actividad, que gestiona más de un centenar de apartamentos en la zona levantina, con una destaca presencia en Cartagena y su entorno del litoral.

Otro aspecto en el que hace hincapié es que «no solo Airbnb concentra este tipo de anuncios. También existen otros portales como Booking, Vrbo (HomeAway), Holidu o, incluso, redes sociales, que siguen alojando propiedades que no están registradas oficialmente. Esto pone en desventaja a los profesionales que cumplimos con todos los requisitos legales y fiscales», insiste Gregorio Morales.