El TSJ admite un recurso contra la designación de la Comisionada de la Transparencia propuesta por Vox

Sánchez fue elegida por la Asamblea Regional el pasado 18 de septiembre, a propuesta de Vox y con los votos favorables del PP, y ratificada por el Consejo de Gobierno el 10 de octubre. Ni el parlamento autonómico ni el Ejecutivo aportaron entonces una evaluación ni algún tipo de informe jurídico sobre esos dos requisitos que avalaran la elección de la ex asesora del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, cuando éste era vicepresidente de la Comunidad y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio.

El acuerdo entre PP y Vox no sólo fue necesario para ello, sino también para la reforma legislativa previa, ya que el partido liderado por Antelo impuso a los populares como condición en su acuerdo de gobierno de 2023 la reforma de la Ley 12/2014 de Transparencia: se sustituyó de esta manera el pleno que dirigía el Consejo de la Transparencia por una nueva figura, la de un Comisionado. La modificación se aprobó a principios de julio, pero la ruptura de la coalición de populares y Vox aplazó esta votación sobre Sánchez en la Cámara autonómica hasta septiembre.

En una entrevista a LA VERDAD el día 23 de ese mismo mes, el profesor de Derecho Constitucional de la UMU y miembro de Hay Derecho, Germán Teruel, ya ponía en cuestión esta elección: «Tengo incluso dudas sobre la legalidad del nombramiento, no sería descartable que esto se pudiera llevar a los juzgados», adelantaba entonces. Sobre Sánchez, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y diplomada en Gestión y Administración Pública, decía que «le podemos presumir la competencia profesional por su titulación, pero no sabemos dónde puede tener el reconocido prestigio en transparencia».

En su 'Informe Estado de Derecho 2024', esta fundación ya advertía del debilitamiento de las autoridades de contrapeso a la acción política. «Se aprecia que allí donde corresponde a órganos políticos la elección, la afinidad política se impone al medio y capacidad», sostenían en ese documento. Por eso, no es la primera vez que Hay Derecho actúa por un procedimiento de estas características. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo estimó el recurso que presentó contra el nombramiento de Magdalena Valerio como Presidenta del Consejo de Estado «por no cumplir el requisito exigido legalmente de ser jurista de reconocido prestigio». Con ese logro, Hay Derecho considera que el Alto Tribunal marca un precedente fundamental sobre «la necesidad de que altos cargos públicos cumplan con los requisitos establecidos para dar validez a su nombramiento».

Desde su llegada al cargo, se ha conocido que Sánchez también se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía por un presunto delito de desórdenes públicos. Fue durante la asamblea general que la cooperativa agrícola Coato celebró en Totana el 22 de febrero de 2019. Aquella reunión tuvo que ser suspendida a causa de los incidentes que se produjeron. Sánchez, que asegura que asistió como abogada de unos doscientos agricultores, ha descartado que participara en los hechos por los que se juzga a quince personas.

También en octubre el PSRM-PSOE elevó otro contencioso-administrativo al TSJ contra la designación de la Comisionada al entender que existía esa falta de idoneidad para su desempeño.