Ningún informe respaldó la idoneidad de la nueva comisionada de la Transparencia

A preguntas de LA VERDAD, fuentes del parlamento autonómico no han aclarado si existe o no un informe de esa naturaleza y se remiten a la intervención del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, tras ese Consejo de Gobierno donde se dio el visto bueno al nombramiento y, para lo cual, explicaba que «se han recabado todos los informes jurídicos». Ese documento, elaborado por los servicios de la Consejería de Presidencia, de quien depende el Consejo de la Transparencia, se limita a trasponer el articulado de la ley de Transparencia referente al procedimiento para esta elección y añadir también la notificación enviada por la presidenta del órgano legislativo, Visitación Martínez, así como la declaración responsable firmada por la propia Sánchez. Sobre ésta, en ella la Comisionada deja constancia de que no se encuentra «incursa en ninguna causa de incompatibilidad» para el ejercicio del cargo. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico aclaran que ese tipo de documentos se refieren a cuestiones relativas a otros ámbitos. En ningún caso, se trataría de una justificación de la capacitación y trayectoria en un ámbito concreto, en este caso de la transparencia en la administración pública. El informe de Presidencia concluye que «se informa favorablemente la propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento».

Desde este departamento, explican que esa designación se realizó «en cumplimiento del acuerdo de designación aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional», un procedimiento ajustado a la ley, y que el Ejecutivo «no evalúa la designación ni la fiscaliza», ya que la ley no lo establece. Añaden que «lo que hace es informar jurídicamente en cuanto a la validez del procedimiento administrativo seguido».

Ni siquiera Vox, partido que la propuso para el puesto, tiene constancia de la elaboración de un documento de esas características. En el escrito donde formalizaron la presentación de su candidatura en la Asamblea, señalaban que Sánchez -que había sido asesora de José Ángel Antelo, líder del partido en la Región, en su etapa como vicepresidente autonómico- se ajustaba a «los requisitos legalmente establecidos para ostentar el cargo».

La nueva Comisionada fue elegida por la Cámara para ese cargo no sólo con el apoyo de Vox, sino también con los votos favorables del PP. Para ello, antes, se tuvo que llevar a cabo una reforma legislativa impulsada por la formación liderada por José Ángel Antelo para reformar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. En ella, se sustituía el pleno que dirigía hasta entonces el Consejo de la Transparencia por esta nueva figura del comisionado.

La modificación ya aparecía contemplada en el acuerdo de Gobierno firmado por PP y Vox en septiembre de 2023. pero que acabaron rompiendo estos últimos en julio de este año. Sin embargo, la candidatura de Natalia Sánchez fue la única que se presentó, tras quedar aplazada la elección antes del verano por esa salida de Vox del Ejecutivo.

Una vez que se hizo oficial su designación por el Consejo de Gobierno, la propia Natalia Sánchez, en declaraciones a Onda Regional ayer, explicó que había mantenido un primer contacto con el personal del Consejo de la Transparencia. Sobre las críticas recibidas, defendía su trayectoria y aseguraba que, en su caso, tiene «una carrera profesional amplia, en distintos sectores, tanto privado como público». Por eso, reclamaba un margen de confianza para su desempeño: «Solamente pido un tiempo para poder realizar el proyecto», decía sobre el mandato que desarrollará en los próximos cuatro años, que es el periodo establecido por la ley.