La fiscal pide un año y nueve meses de cárcel para la nueva Comisionada de Transparencia por los disturbios en una asamblea de Totana
Considera que Natalia Sánchez formaba parte del grupo que en 2019 obligó a suspender una reunión de Coato por desórdenes y exige un año y nueve meses de prisión
La abogada Natalia Sánchez, primera Comisionada de Transparencia de la Región, tiene pendiente una rendición de cuentas ante la Justicia. La Fiscalía reclama para la exasesora jurídica de Vox una pena de un año y nueve meses de cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos durante la asamblea general que Coato celebró en Totana el 22 de febrero de 2019. Aquella reunión tuvo que ser suspendida a causa de los incidentes que se produjeron.
El Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales, al que LA VERDAD ha tenido acceso, explica que los hechos se produjeron cuando los acusados, quince antiguos socios de la cooperativa agrícola, entre los que se encontraba Natalia Sánchez, aprovecharon la asamblea que se celebraba para derribar las vallas de seguridad colocadas para controlar el acceso al interior del recinto. Lo hicieron, sostiene la fiscal, «de común acuerdo y con conocimiento de las graves consecuencias de sus actos».
A continuación, relata el Ministerio Público, los acusados se dirigieron a la nave donde se celebraba la asamblea, «forzaron la puerta metálica de acceso, introduciéndose en su interior con violencia». Al tiempo, presuntamente alentaban a una multitud de personas a entrar, empleando silbatos y bocinas, obligando a suspender la celebración de la asamblea «mediante insultos y amenazas a los asistentes».
La Fiscalía acusa a los quince acusados de un delito de desórdenes públicos por el que reclama, para cada uno, una pena de un año y nueve meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A otro de los procesados le imputa, además, un delito leve de lesiones porque presuntamente golpeó a uno de los intervinientes en los testículos. En este caso, la fiscal reclama una multa y una indemnización de 200 euros por las lesiones.
En el escrito, remitido el pasado marzo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Totana, que dirigió la causa, la fiscal reclamaba la apertura de juicio oral contra la Comisionada de Transparencia y el resto de procesados. Según ha podido saber LA VERDAD, el Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca ya ha fijado el arranque del juicio el 17 de febrero del próximo año. La idea es que las partes valoren, en esa primera vista, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad. Alguno de los letrados ha solicitado el aplazamiento de la vista al coincidir con otras causas.
Sánchez sostuvo que en aquella asamblea ella acudió como abogada de unos doscientos agricultores y descartó que participara en los altercado
Preguntada por esta redacción, Sánchez sostuvo que en aquella asamblea ella acudió como abogada de unos doscientos agricultores y descartó que participara en los altercados. Hizo hincapié en que la cooperativa sancionó y expulsó a sus clientes y que esas sanciones fueron anuladas por la Audiencia. La Comisionada de Transparencia aseguró desconocer el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía y su citación judicial, pero remarcó que se encuentra «tranquila» ante esta acusación que, incidió, no contempla ninguna pena de inhabilitación. «No tiene por qué repercutir en nada en mi nombramiento», concluyó.
La nueva Comisionada fue elegida por la Cámara para ese cargo no sólo con el apoyo de Vox, sino también con los votos favorables del PP. Para ello, antes, se tuvo que llevar a cabo una reforma legislativa impulsada por la formación liderada por José Ángel Antelo para reformar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. En ella, se sustituía el pleno que dirigía hasta entonces el Consejo de la Transparencia por esta nueva figura del comisionado.
Su nombramiento está resultando polémico porque es complicado determinar si Sánchez cumple con los criterios de «reconocido prestigio y competencia profesional» que establece la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región para su elección. No hubo ningún informe que lo respaldase antes de ser elegida para ello por la Asamblea Regional y ratificada por el Consejo de Gobierno.
