Germán Teruel: «Los partidos están colonizando los órganos de control democrático»

–¿Qué buscan con este estudio que realizan cada dos años?

–El objeto es conseguir una foto de nuestro Estado democrático de Derecho. Por ejemplo, para el Tribunal Constitucional hemos tenido que obtener artesanalmente los datos con los que analizar su polarización, sentencia a sentencia. La gran aportación de este estudio es que llega donde no llegan otros de la Comisión Europa u otros organismos internacionales. Permite ver defectos de cómo funcionan algunas cosas.

–¿Y tenemos que preocuparnos por la democracia en España?

–Esto es importante porque España es una democracia plena, lo que no quiere decir que sea perfecta. Jugamos en la primera división de las democracias, no somos una dictadura ni una autocracia. Pero si rascamos un poco más vemos que estamos al final de la tabla. La segunda percepción de los grandes informes es que no estamos en nuestro mejor momento. Hay muchos ámbitos para mejorar y estar en la parte alta esa clasificación.

–¿En qué ámbitos se puede hacer más?

–Son tres. El primero, el de la transparencia, lucha contra la corrupción y conflicto de intereses. Y toda la parte de participación democrática, con procesos más abiertos y rigurosos. Un tercer ámbito fundamental es reforzar la financiación del Poder Judicial. No puede seguir siendo la hermanita pobre de los servicios públicos en España.

–¿Cómo valora el Plan de Regeneración Democrática de Pedro Sánchez?

–El Plan de Regeneración Democrática de Sánchez es un bluf. No hay más que declaraciones de intenciones que se tienen que tramitar y convertir en leyes. Pero en general, creo que hay buenas intenciones, aunque tengo algunas reservas, y si se realizan pueden ayudarnos a mejorar en algunos aspectos. Si se refuerza la Fiscalía o la Oficina de Conflicto de Intereses, bienvenido sea. Pero hay que hacerlo, claro.

–¿No ve posible que esa solución pueda llegar desde los partidos políticos?

–Hay toda una serie de prácticas que están erosionando y minando nuestro Estado democrático de Derecho. Las democracias ya no mueren por golpes militares como el de Tejero. Las democracias hoy en día colapsan por su propia corrosión interna. El informe identifica dos ámbitos donde eso ocurre, y está directamente relacionado con el mal hacer de los partidos políticos.

–¿Cuáles son esos ámbitos?

–El primero es la esclerosis del sistema parlamentario, que no funciona adecuadamente. Hay que reforzar los mecanismos de control. El Ejecutivo rechaza presentar el proyecto de presupuestos y gobierna a través de decretos-ley. Es una anomalía y una paradoja que, con un Gobierno sin mayoría parlamentaria, el parlamento no tenga más fuerza. Sin embargo, vemos que el Gobierno está siendo capaz de hacerlo, como dijo Pedro Sánchez, al margen del Congreso, buscando tretas y recovecos. El segundo problema que me preocupa es cómo se está politizando todo el sistema de órganos de contrapeso institucional.

–¿De qué órganos estaríamos hablando?

–El principal es el Poder Judicial, pero hay otros: el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, consejos de transparencia, agencias... Pero hemos detectado su polarización a través de los nombramientos. Los unos y los otros se están dedicando a meter en estos órganos de garantía a fieles, a lo más seguidistas, lo que compromete el funcionamiento del mismo órgano.

–¿Hay algún ejemplo evidente de cómo se hace eso y sus consecuencias?

–El 70% de los magistrados del Tribunal Constitucional han ocupado cargos previamente designados por los partidos. Había que decirlo. Lo ha hecho el PP y el PSOE. Esto ha hecho que el Tribunal pierda su credibilidad. Ahora ha dejado de ser un órgano para tutelar los valores de la Constitución y se convierte en una reproducción de los bloques ideológicos que los han elegido.

–Entre los ejemplos que cita Hay Derecho también está la acción del fiscal general.

–También es necesaria una intervención en la Fiscalía General para desconectarla del Gobierno; lo está diciendo la Comisión Europea y lo dice nuestro informe. Lo que estamos viendo ahora es obsceno. El problema es que por su propia configuración, el fiscal general también puede realizar muchos nombramientos discrecionales. Esto está comprometiendo mucho a la Fiscalía.

–Al menos se ha desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es suficiente con la renovación de cargos?

–Había que desbloquearlo. Tenemos que respirar aliviados porque esto ha salido adelante gracias a que Europa nos estaba supervisando. El nuevo consejo ha nacido menos politizado de lo que era anteriormente. A partir de aquí, hay que limitar los nombramientos discrecionales o hay que limitar también la injerencia de las asociaciones judiciales.

–¿Alcanza la colonización institucional a órganos regionales? Por ejemplo, la Asamblea ha aprobado la elección de Natalia Sánchez como comisionada de la Transparencia y para ello contó con los votos de Vox y PP.

–Estoy muy preocupado, aunque lo importante es que el Consejo de la Transparencia tenga medios y recursos propios para hacer valer sus decisiones. Sin embargo, el elemento capital es la forma de designación. No se puede dejar a las mayorías políticas. En este caso, tengo incluso dudas sobre la legalidad del nombramiento, no sería descartable que esto se pudiera llevar a los juzgados. La ley dice que la Asamblea designará al comisionado «entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional». En este caso, le podemos presumir la competencia profesional por su titulación, pero no sabemos dónde puede tener el reconocido prestigio en transparencia. Hay Derecho ya impugnó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por eso mismo.

–¿Cómo se puede acabar con este tipo de problemas con las designaciones?

–Para este tipo de órganos son necesarios concursos públicos con evaluaciones expertas. Y luego, sobre esas evaluaciones y con límites, los partidos puedan elegir. Nuestros grandes partidos no se están tomando en serio el funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Están colonizando las instituciones y órganos de control democrático. Con esto pueden matar nuestra democracia.

–¿Estas tensiones son fruto de la polarización política y el populismo?

–En cuanto al populismo, se está hablando mucho de la politización de la justicia. En Murcia lo estamos viendo con el acuerdo de conformidad alcanzado por unos empresarios con la Fiscalía [los empresarios pagaron por mantener sexo con menores de edad y no irán a prisión tras ese acuerdo]. Se habla de jueces politizados, justicia machista, cuando ni siquiera fue un juez, sino un acuerdo previo. Se está extendiendo entre la clase política un discurso que está minando a la Justicia. Todo eso es una patraña. Desconfiar de la Justicia es la base para acabar con un Estado de derecho. Hay que confiar en el sistema judicial español.

–El informe de Hay Derecho concluye con unas propuestas de mejora, ¿cuáles son?

–Proponemos reformas como la profesionalización de los nombramientos en los órganos reguladores, de garantías y de control para evitar que a través de los nombramientos se erosione su independencia. Además de otras como mejorar el procedimiento legislativo, reforzar las oficinas de conflicto de intereses, los códigos de integridad y ética pública... El problema es que todo eso depende de que la clase política quiera impulsar estas propuestas. Por eso, nuestra meta es concienciar a la sociedad y a los principales actores políticos.

–¿Será suficiente para recuperar la confianza ciudadana?

–Hay un problema de credibilidad en la clase política. Está haciendo que el sistema institucional no sea creíble y los ciudadanos no confíen en él. Si la ciudadanía no confía en el Parlamento, se genera una distorsión de la idea de democracia. Si además se erosionan los contrapesos al poder, los demonios crecen muy rápido y ya no se puede actuar. Si normalizas que se pueda saltar del Gobierno al Banco de España o a la Fiscalía, cuando ocurra lo que ocurre, por ejemplo, en Hungría y surjan mayorías que puedan usarlo contra el Estado de derecho, ya es tarde. La democracia hay que fortalecerla antes.