La Audiencia rechaza el intento de las defensas de tumbar el arranque del juicio de 'Novo Carthago'

Junto a estos dos antiguos 'pesos pesados' se enfrentan a la vista otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló.

Las defensas de todos ellos trataron este lunes de tumbar el juicio, antes de su arranque, con una batería de cuestiones previas que desplegaron ante el tribunal y que contaron con la firme oposición tanto del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano; como del abogado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse). El letrado Aurelio Llanes, que se encarga de la defensa de Cerdá, sostuvo ante la Sala que los hechos que se imputan a su cliente estarían prescritos y que, por tanto, no debería ser juzgado por ellos. Alegó también que su actuación no podía ser considerada un acto administrativo, aludiendo, en este punto, a la conocida sentencia de los ERE, que afectó al PSOE andaluz.

El abogado Francisco Martínez Escribano, que se encarga de la defensa de Bascuñana y Ródenas, subrayó, por su parte, que «los principios de legalidad y tipicidad se están infringiendo y esta gente no debería estar aquí sentada». El fisca, en su oposición a las cuestiones previas, remarcó que los hechos que se imputan a Cerdá no remiten a un hecho concreto si no que se desarrollaron entre septiembre de 2002 y junio de 2004 y, a su entender, no estarían prescritos.

El tribunal, que preside el magistrado Álvaro Castaño, rechazó de entrada esa supuesta prescripción alegada por la defensa de Cerdá y el resto de cuestiones previas esgrimidas por las defensas que, remarcaron los jueces, deberán dirimirse a lo largo del juicio. Dos de los acusados, Antonio Alvarado y Luis María Romero Agulló, tienen formación jurídica y se defienden a sí mismos, por lo que no compartieron banquillo con el resto de procesados.

La vista de 'Novo Carthago' continuará este martes con la resolución de una única cuestión previa, planteada por la defensa de Hansa Urbana, sobre la que el tribunal prevé pronunciarse una vez que la Fiscalía deje clara su postura. Además, se abrirá el turno de interrogatorios con las declaraciones de Bascuñana, Ródenas, Romero y Guerrero. El magistrado ponente ofreció a los acusados, como suele ser ya práctica habitual, declarar al término de la vista, aunque les advirtió de que hacerlo en primer lugar «facilita el trabajo de todos». Estos cuatro acusados declararán en primer lugar y el resto -Cerdá, Fernández Cano y Alvarado- lo harán en último lugar, una vez que se escuche a más de treinta testigos y peritos.

La Fiscalía apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

La antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, afronta tres años y ocho meses de prisión acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, El exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los cinco años y medio y que podrían privarlos de su condición de funcionarios. Un octavo imputado, el exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.