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Los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, en los juzgados en el año 2014. Vicente Vicéns / AGM

'Novo Carthago' sienta en el banquillo al núcleo duro de los gobiernos de Valcárcel

La Audiencia inicia el juicio contra Cerdá y Bascuñana por un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor tras casi veinte años de investigación

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27

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La Justicia murciana inicia un nuevo curso con una de las vistas más esperadas de los últimos tiempos. El juicio por el 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas, arrancará -salvo imprevistos de última hora- este lunes en la Audiencia, cuando se cumplen casi dos décadas del inicio de la investigación por este presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. En el banquillo no se sentará el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel -al que dos jueces instructores llegaron a tener enfilado por estos hechos-, pero sí varios de los consejeros que conformaron en su día el núcleo duro de sus sucesivos gobiernos: Antonio Cerdá, titular de Agricultura y Agua en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015- de una larga trayectoria política siempre vinculada al Partido Popular.

Sobre las espaldas de ambos planea una pesada espada de Damocles. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

'Novo Carthago' sienta además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los cinco años y medio y que podrían privarlos de su condición de funcionarios. Un octavo imputado, el exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.

Un camino judicial repleto de sobresaltos

Dieciocho años después de que se iniciasen diligencias, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tiene previsto iniciar el juicio, que se prolongará veinte sesiones y reunirá a más de una treintena de testigos.

El juzgado de Instrucción número 2 de Murcia concluye la instrucción del caso. En su auto de procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- la jueza encamina hacia el banquillo a Cerdá y Bascuñana. La magistrada libra del banquillo a Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno murciano, al que dos jueces distintos llegaron a tener enfilado durante un tiempo.

El juzgado instructor dicta el auto de apertura de juicio oral contra ocho responsables públicos. Uno de ellos, Carlos Brugarolas, exdirector general de Medio Natural, falleció poco después.

Los principales investigados en este procedimiento comienzan a desfilar ante el juez instructor en una ronda de declaraciones que afecta al núcleo duro del entonces presidente regional, Ramón Luis Valcárcel. El magistrado Manuel Abadía ofrece al líder del Ejecutivo una declaración voluntaria que nunca llegó a producirse.

El complejo turístico-residencial Novo Carthago fue presentado en un acto multitudinario al que acudieron Ramón Luis Valcárcel y Pilar Barreiro, entonces al frente de la Comunidad y del Ayuntamiento de Cartagena. La ceremonia celebrada en La Manga Club, que tuvo como anfitrión al empresario Rafael Galea, contó además con la participación de Severiano Ballesteros, que diseñó el campo de golf.

Casi una década después de iniciar la investigación, el Ministerio Público pone sobre la mesa un escrito de calificación con el que sienta en el banquillo al exconsejero Cerdá, para el que reclama hasta tres años y medio de cárcel; y a otros importantes miembros del Gobierno regional.

La huelga de letrados de la administración de Justicia obliga a aplazar el juicio. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, advierte de que un nuevo retraso del procedimiento podría abrir la puerta a rebajas penales por dilaciones

El juez envía una exposición razonada al Tribunal Supremo en relación con los hechos investigados en este procedimiento que afectaban a la exalcaldesa cartagenera Pilar Barreiro. En diciembre de 2016, el Alto Tribunal confirmó el archivo de los cargos sobre la antigua regidora.

La Fiscalía entra de lleno en el caso y pone la lupa sobre este proyecto que preveía levantar 10.000 viviendas y hoteles sobre 567 hectáreas junto al Mar Menor, al lado de la finca de Lo Poyo. El Ministerio Público abre diligencias, reclamando toda la documentación sobre los trámites realizados desde la Comunidad, y acaba llevando el caso a los tribunales.

Con semejante plantel, el presidente de una de las subsecciones de la Sección Tercera de la Audiencia, el juez Álvaro Castaño Penalva, será el encargado de dirigir una vista, con hasta una veintena de sesiones, que se perfila larga y complicada. El magistrado será, además del presidente, el ponente de la sentencia, que podría suponer un nuevo rejonazo a las filas populares.

El relato de hechos que serán sometidos al enjuiciamiento del tribunal se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana comenzó a adquirir terrenos junto al Mar Menor con la pretensión de construir un gran complejo urbanístico. «A pesar de que el proyecto Novo Carthago era una actuación contraria a derecho por pretender reclasificar como urbanizable un espacio natural protegido con acreditados valores naturales (...)», explica el fiscal en su escrito, «Hansa Urbana S.A. la planteó y el Ayuntamiento de Cartagena la tramitó, pero fueron las consejerías de Medio Ambiente de Cerdá y la de Obras Públicas de Bascuñana las que la impulsaron y aprobaron». Para ello, subraya el Ministerio Público, «actuaron con unas pautas uniformes y conjuntas que implicaban sortear los obstáculos y reparos de los funcionarios bajo su mando y minusvalorar los aspectos de legalidad que impedían el proyecto».

Este caso llevará al tribunal a indagar, no solo en ese presunto pelotazo junto al Mar Menor, sino en toda una época: aquella en la que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y sus poderosos consejeros gobernaban la Región con holgadas mayorías. El procedimiento llega, sin embargo, a juicio, con el lastre de un retraso judicial excesivo -de cerca de dos décadas- que, ya advirtió el jefe superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, hace años, abre la puerta a que los acusados se acaben beneficiando de importantes rebajas por dilaciones indebidas. Este macrojuicio estuvo a punto de arrancar en febrero de 2023 pero la huelga que en ese momento libraban los letrados de la administración de Justicia (LAJ) obligó a su aplazamiento.

La sombra de un posible acuerdo -que aligeraría las penas de los acusados a través del reconocimiento de los hechos- no planea sobre esta vista. Los letrados defensores no han llamado, por el momento, a la puerta del fiscal en busca de un posible pacto, tal y como confirmaron fuentes cercanas al caso. En juego entra también la acusación particular, que ejerce la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Lo hacía a través del abogado Ginés Ruiz Maciá, que desistió antes de convertirse en secretario general del PSOE en Murcia.

Para plantar cara a esta contienda, el exconsejero Cerdá ha estado respaldado, a lo largo del proceso, por el letrado Aurelio Llanes, mientras que Bascuñana se deja asesorar por Francisco Martínez-Escribano, exdecano del Colegio de Abogados de Murcia. Este profesional ya se encargó durante años de la defensa del expresidente Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio' -aunque este finalmente fue representado en la vista por José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional-.

Hasta 35 testigos, con el expresidente regional y Marqués a la cabeza

Será a través de una veintena de sesiones, salpicadas en el calendario, pero la vista de 'Novo Carthago' mantendrá ocupada a la Sección Tercera de la Audiencia hasta el próximo 11 de noviembre. El juicio está previsto que arranque este lunes en el Palacio de Justicia de Murcia con varias sesiones destinadas a las cuestiones previas -que se auguran largas- y el interrogatorio de los acusados. Estos podrían solicitar, como suele ser ya práctica habitual, declarar en último lugar, lo que alteraría el calendario que el tribunal ha previsto para el desarrollo de la vista.

El 7 de octubre, en todo caso, la Sala comenzará a escuchar a los hasta 35 testigos convocados por las partes. Entre ellos destaca el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y su exconsejero Francisco Marqués; además de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Todos ellos quedaron fuera de este procedimiento.

Entre los ex altos cargos y políticos citados figuran también Antonio Navarro Corchón, actual concejal de Murcia, y los exediles del PP de Cartagena Agustín Guillén y José Fidel Saura, recientemente condenado este último en la trama murciana de la 'Púnica'; además, Reyes Sánchez, exsecretaria general de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, y José María Bernabé, exsecretario general de la Consejería de Obras Públicas. La lista la completan el empresario Juan Rafael Galea, que promovió la urbanización, y su hijo.

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