Cerdá y Bascuñana, en el banquillo por el 'caso Novo Carthago'

En el banquillo se sentarán varios de los consejeros que conformaron en su día el núcleo duro de los sucesivos gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá, titular de Medio Ambiente en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015- de una larga trayectoria política siempre vinculada al Partido Popular. Todos ellos aguardan ya en los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia el arranque de la vista, para la que están previstas varias jornadas en las que las partes plantearán las cuestiones previas.

Sobre las espaldas de los dos exconsejeros planea una pesada espada de Damocles. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

'Novo Carthago' sienta además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los cinco años y medio y que podrían privarlos de su condición de funcionarios. Un octavo imputado, el exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.

El relato de hechos que serán sometidos al enjuiciamiento del tribunal se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana comenzó a adquirir terrenos junto al Mar Menor con la pretensión de construir un gran complejo urbanístico. «A pesar de que el proyecto Novo Carthago era una actuación contraria a derecho por pretender reclasificar como urbanizable un espacio natural protegido con acreditados valores naturales (...)», explica el fiscal en su escrito, «Hansa Urbana S.A. la planteó y el Ayuntamiento de Cartagena la tramitó, pero fueron las consejerías de Medio Ambiente de Cerdá y la de Obras Públicas de Bascuñana las que la impulsaron y aprobaron». Para ello, subraya el Ministerio Público, «actuaron con unas pautas uniformes y conjuntas que implicaban sortear los obstáculos y reparos de los funcionarios bajo su mando y minusvalorar los aspectos de legalidad que impedían el proyecto».