Los trabajadores del 112 llevan a Europa su lucha contra la gestión externa
Tras más de 25 años de concesiones del servicio a distintas empresas, acuden a Estrasburgo para intentar que la Comunidad asuma el teléfono de emergencias
Tras un largo recorrido por la Justicia española que les ha llevado a pasar por primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la Región, ... el Supremo y finalmente el Constitucional, los trabajadores del 112 de la Región llevarán a Europa su reclamación para que el servicio del teléfono de emergencias se preste de forma directa por la Comunidad.
La plantilla, que actualmente conforman 75 profesionales, denuncia una presunta cesión ilegal de mano de obra que quebrantaría la normativa europea, las regulaciones regionales y el artículo 17 de Contratos del Sector Público. Este último señala que no se puede externalizar un servicio «que implica el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos», como ocurre con el teléfono de emergencias.
El pasado 16 de septiembre los trabajadores agotaron la vía judicial en España con el rechazo del Tribunal Constitucional de un recurso de amparo que buscaba tumbar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº5 que consideró que la Comunidad no ha cometido esa cesión ilegal de mano de obra en las concesiones del servicio desde hace más de 25 años, lo que ahora les permite acudir a Europa.
El rechazo del recurso de amparo que habían presentado al Constitucional agota la vía judicial en España
Un informe de 500 páginas
Los representantes de los empleados mantienen su esperanza de que el tribunal europeo les dé la razón agarrados al texto del real decreto que creó el servicio, que recoge que la gestión del servicio debe ser directa, y el informe de Inspección de 500 páginas que señala que data de 2019, donde el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo concluye que el centro de llamadas es un servicio que debe ser prestado directamente por el Gobierno regional.
Para ello, basarán la demanda en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a un proceso equitativo. Alegarán que los tribunales españoles no valoraron una prueba esencial, el informe de Inspección, y que se resolvió «con formalismo y arbitrariedad, privándonos de una tutela judicial efectiva».
La licitación actual vence el próximo 14 de noviembre, y a fecha de hoy los trabajadores desconocen si hay nuevo pliego, en qué condiciones, o si habrá prórroga. «Estamos muy preocupados, dado que, cada vez que salimos a concurso hay recortes y despidos», señalan.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
