Un técnico forense de Cartagena niega lazos con la presunta trama de repatriación de cadáveres de argelinos

El funcionario J. A. G., quien estuvo asistido por el abogado Alberto de la Corte, negó ante el juez cualquier vinculación con el caso y mostró su convencimiento de que tampoco la tienen otros trabajadores de su centro de trabajo. Se mostró sorprendido por haberse visto salpicado por la investigación penal sobre una supuesta organización delictiva presente en la Región de Murcia, Almería y Jaén. Y aseguró desconocer lo relativo al envío de dos fotos de un cuerpo en la sala de autopsias de Cartagena por parte de trabajadores del Instituto a personal de funerarias. También se desligó del cobro de pequeñas comisiones o 'mordidas' a cambio de facilitar esta y otra información reservada, un hecho por el que también están siendo investigados empleados del Instituto de Medicina Legal de Murcia.

El compareciente, que acumula treinta años de servicio y está condecorado por el Ministerio de Justicia con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, también recordó que, al tener conocimiento de eventuales prácticas contrarias a la normativa, la dirección del Instituto reforzó el protocolo de actuación en Cartagena. El objetivo de esta medida fue garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal de los fallecidos, y en especial de su imagen, frente a cualquier uso ilícito por parte de terceros.

En este procedimiento, desvelado por LA VERDAD en marzo, se investigan posibles delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público y delitos contra el respeto a los difuntos, delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. Fue la Guardia Civil la que desmontó este entramado y detuvo a catorce personas.

Recientemente, según informó el TSJ, el juez acordó volver a tomar declaración a tres investigados por lucrarse presuntamente gracias a engaños a las familias de los fallecidos en pateras. También prevé tomar testimonio a dos testigos en mayo, junio y julio. Y autorizó a volcar datos y analizar los teléfonos y dispositivos electrónicos intervenidos y el embargo y bloqueo de cuentas bancarias.