Las detenciones por la trama de cadáveres de magrebíes suben a 14 personas en tres provincias
La Guardia Civil destapa que la red de la Región de Murcia, Almería y Jaén cobraba a familias de marroquíes y argelinos desaparecidos en pateras por falsas búsquedas, denuncias, tomas de ADN y repatriaciones de cadáveres
La operación de la Guardia Civil para desmantelar una organización que se lucraba con servicios ilegales de identificación y repatriación desde España de magrebíes fallecidos en el Mar Mediterráneo durante su travesía en patera a España y por otras causas se salda ya con catorce personas detenidas. Según informó la Benemérita este miércoles, se trata de presuntos integrantes de un «grupo criminal dedicado a la obtención ilícita de contratos», desmontado gracias a la realización de registros en trece domicilios en las provincias de Murcia, Almería y Jaén. En ellas, los agentes se incautaron el pasado fin de semana de casi 70.000 euros en efectivo, vehículos y documentación. El Instituto Armado también indicó, en un comunicado de ámbito nacional, que también ha investigado a una persona por esta trama, dentro de unas diligencias desveladas en exclusiva el lunes por LA VERDAD.
Según la Guardia Civil, esta «trama de irregularidades en la identificación y repatriación de cadáveres de migrantes norteafricanos fallecidos en el mar se habría estado lucrando durante años a costa de los familiares residentes en Marruecos y Argelia de personas desaparecidas fallecidas en el mar cuando intentaban alcanzar las costas españolas en pateras». Eso incluía servicios de falsas búsquedas de los inmigrantes.
Servicios de traducción y perfiles en redes sociales
«Todo comenzaba a través de las redes sociales, generalmente con perfiles falsos de la trama, con los que contactaban con las familias ofreciéndoles información falsa sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero. Posteriormente, cuando tenían conocimiento de un naufragio, volvían a contactar con la familia para pedirles datos personales de los desaparecidos para realizar una falsa búsqueda de estas personas, acompañar a las familias a interponer denuncia, gestionar las tomas de ADN para la identificación del cuerpo y servicios de traducción», explicó la Benemérita. Y añadió que «todo ello con la exigencia de previo pago con el argumento de que era la única forma de proceder en España para la identificación y repatriación de los cuerpos». Aunque no lo detalló en su nota, según fuentes de toda solvencia las familias solían pagar unos 5.000 euros por cada fallecido.
Desde finales de 2022, los investigadores reunieron pruebas e indicios de que «para establecer contacto con las familias», los miembros de la organización delictiva «se valían de una gran cantidad de perfiles falsos en redes sociales». Lo hacían «para extraer información sobre la identificación de cadáveres», al lograr «la colaboración e implicación de empleados de algunas instituciones públicas relacionadas con el proceso de identificación, como un Instituto de Medicina Legal».
Contratos con funerarias
«Una vez tenían en su poder información sobre cómo actuar en la gestión de identificación de cadáveres, como fotografías de los cuerpos, se lo facilitaban a las familias para asegurarse que firmasen autorizaciones para que las funerarias implicadas en la trama se llevaran el contrato de manera exclusiva», apuntaron desde la Guardia Civil. Y situaron el inicio de la llamada 'Operación Dhakiras' en el momento en que los agentes « detectaron varias de estas fotografías en internet». «Tras su investigación», que según fuentes conocedoras del caso arrancó con una denuncia por correo electrónico sobre posibles anomalías por parte del Instituto de Medicina Legal de Cartagena y de la ONG Cipimd (Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos), de Almería, «se logró identificar al cabecilla del grupo, un individuo de origen marroquí y a sus principales miembros en Murcia y Almería». Se trata de Rachid S., marroquí afincado en Murcia y vinculado con el sector funerario a través de un tanatorio de la Región y de dos empresas: una con sede en Molina de Segura y otra, en la que consta como administrador, ubicada en Murcia, en la calle Almenara, del barrio de San Andrés.
«Esta persona se valía de sus contactos en las comunidades de origen magrebí para que las familias confiaran en su palabra al decirles que no había otro modo de repatriar los cadáveres de sus difuntos, acumulando una gran cantidad de contactos entre empresas funerarias y entidades relacionadas con las identificaciones y repatriaciones de cadáveres. También se encargaba de gestionar los pagos a los intervinientes y facilitadores de información», expuso la Guardia Civil.
En la fase de explotación de la operación, de la que hasta ahora habían trascendido cuatro detenciones, se realizaron ocho registros en la Región de Murcia –cinco en la capital, dos en Cartagena y uno en Molina de Segura-, cuatro en Almería y uno en Jaén. «En ellos se incautó numerosa documentación relacionada con el caso, varios vehículos y casi 70.000 euros en efectivo en la vivienda de uno de los responsables del entramando», señaló el Instituto Armado, en relación con Rachid S.
Las diligencias policiales incluyen los delitos de revelación de secretos, contra el respeto a los difuntos, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. Fueron entregadas, junto con los detenidos, al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que el lunes dictó orden de prisión para el considerado por la Guardia Civil «líder o conseguidor» de la red y para un empleado murciano de una funeraria de Huércal Overa, en Almería.
