Veinte investigados en la Región de Murcia por anomalías en la identificación de cuerpos de argelinos

Al menos veinte personas, entre empleados de funerarias y personal de la Administración de Justicia adscritos al Instituto de Medicina Legal de Cartagena, están siendo investigadas en la Región de Murcia y otras provincias por su presunta implicación en una trama dedicada a obtener ingresos ilícitos a cambio de facilitar trámites de identificación y repatriación de cadáveres de inmigrantes argelinos fallecidos en pateras. Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes conocedoras de las actuaciones, coordinadas por el juzgado de Instrucción 4 de Cartagena; y añadieron que también hay indicios de anomalías relacionadas con la prestación de otros servicios funerarios.

Las pesquisas están conectadas con una denuncia relativa a la aparición de fotografías de inmigrantes fallecidos en aguas de la Región de Murcia durante su travesía entre la costa de Argelia y la de España. Las imágenes habrían sido captadas en salas de autopsia de Cartagena y también de Murcia, con la connivencia de funcionarios del Ministerio de Justicia o aprovechando la relajación de controles, y compartidas entre los sospechosos. Ello, para usar las fotos y otros posibles datos con fines lucrativos. La red habría obtenido fondos procedentes del cobro a familiares de las víctimas de distintas cantidades, cuya cuantía no trascendió, por conseguir de manera fraudulenta la identificación de los cuerpos. Todo ello, al margen del protocolo establecido por el Gobierno de España para la asistencia a las personas que denuncian la desaparición o el fallecimiento de familiares en su intento de llegar a Europa.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno confirmó que la Guardia Civil practicó durante el pasado fin de semana «una serie de detenciones» en el ámbito territorial de la Comunidad. La causa fue declarada secreta por el magistrado titular de ese órgano, Raúl Sánchez Conesa.

Las fuentes consultadas señalaron que agentes de la Policía Judicial del Instituto Armado practicaron los arrestos el sábado y efectuaron registros en las instalaciones de empresas funerarias. En ellos, decomisaron ordenadores y distinto material.

La operación, señalaron, abarca intervenciones en los municipios de Cartagena, Torre Pacheco, Fuente Álamo, La Unión, Murcia, Molina de Segura, Lorca, Huércal Overa (Almería), Alicante y Madrid. Y agregaron que la Benemérita tomó testimonio a investigados en dependencias policiales del Campo de Cartagena y que el instructor de la causa les ha citado para comparecer en el Palacio de Justicia de la ciudad portuaria a partir de hoy. Entre las personas llamadas declarar, con asistencia de sus respectivos abogados, están la directora del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, auxiliares forenses y trabajadores vinculados con funerarias, como el responsable de una que opera en Torre Pacheco, aunque no tiene su sede en este municipio, y en otras localidades del Campo de Cartagena, del valle del Guadalentín y de otras zonas. Se indaga sobre posibles mordidas y falta de diligencia profesional. Fuentes del Tanatorio Virgen del Pasico de Torre Pacheco aseguraron que ni este establecimiento ni el resto de los que operan de forma legal en el Campo de Cartagena tienen nada que ver con esta presunta trama.

Las investigaciones sobre esta presunta organización delictiva se desarrollan desde hace meses y abarcan presuntos delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos; pertenencia a organización criminal; revelación de secretos; estafa y cohecho. Así lo aseguraron fuentes de toda solvencia. Y añadieron que las indagaciones del juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, en las que participan la Guardia Civil y la Fiscalía, deben arrojar luz sobre el papel de cada investigado, que por ahora solo obedece a indicios, así como su grado de participación en este supuesto negocio.

Sobre las indagaciones, señalaron que abarcan el posible uso ilícito de información obtenida por funcionarios públicos y personal de funerarias; la difusión de imágenes íntimas de personas sin vida por medios digitales para su reconocimiento por parte de familiares en Argelia; y el posible pago y cobro de mordidas o comisiones (ilícitas).

Las fuentes consultadas explicaron que el procedimiento legal para averiguar la identidad de fallecidos en el mar -en el que colaboran el Gobierno central y ONG- evita el uso de imágenes de los mismos. Sí se emplean, con las debidas garantías jurídicas, datos como la edad aproximada, su altura y su peso, e imágenes de objetos personales que llevara consigo.

En todo caso, las autorizaciones para el traslado del cuerpo de un fallecido a su país de origen exige la identificación con una prueba de ADN de un pariente cercano. Cuando las autoridades no logran conocer quién es la persona que perdió la vida, víctima de las mafias de personas en el Mediterráneo (por ahogamiento, deshidratación u otras causas), se procede al entierro del cadáver. Hasta entonces, permanece en las morgues públicas, sobre las que ahora ha puesto el foco el juzgado.

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