Los regantes acusan al Ministerio de recortar el Trasvase a cambio de «promesas incumplidas»

El estudio encargado por el Sindicato de Regantes del Trasvase ha sido presentado esta mañana en Cajamar en un acto presidido por López Miras y que ha contado con representantes del sector agro, así como de miembros del PP y Vox. Al encuentro no ha asistido ningún representante del PSRM.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha acusado al Ministerio de recortar el Trasvase a cambio de «promesas incumplidas», como los 1.300 millones de euros que debía invertir en conectar las desaladoras, construir plantas fotovoltaicas para abaratar la desalación, modernizar regadíos en el Alto Tajo y depurar agua residuales de Madrid y Castilla-La Mancha, entre otras medidas. De este montante, solo se ha invertido hasta ahora una pequeña cantidad ampliando las desaladoras de Torrevieja y águilas, apostilló. «No caben más promesas en la chaqueta». «Estamos en momentos muy difíciles», apostilló.

A su juicio los casi 4.000 millones de euros que aporta la zona del Trasvase al PIB nacional se verán afectado por el recorte político del Trasvase y por el cierre de acuíferos de la cuenca del Segura, del cual piden una moratoria. «Las cifras hablan por sí solas. Hay que dividirlas por la mitad y veremos los efectos de los decretos del Gobierno de la nación».

El presidente López Miras recalcó que «la única promesa» que va a cumplir Pedro Sánchez será el cierre del Trasvase, recordando las palabras del líder del PSOE en Albacete antes de que asumiera la presidencia del Gobierno. «No veo al País Vasco renunciando a su industria, y no veo a Galicia renunciando a la pesca», apostilló para denunciar la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica en contra del Trasvase y su repercusión en dl tejido socioeconómico de la Región y del Levante.

Sobre la exigencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que se aprueben ya las nuevas reglas del Trasvase, López Miras señaló que la región vecina «no tiene ninguna competencia sobre l Trasvase». Subrayó que España se juega mucho con el recorte del Tajo-Segura, y no solo la cuenca receptora.

La aportación de la zona del Trasvase al PIB y al empleo se encuentra en peligro en el corto plazo por las limitaciones impuestas a la agricultura del Levante, tanto en el sistema de explotación del Trasvase como en los aprovechamientos vinculados a las masas de aguas subterráneas, advierte el informe. Los regantes insisten en una moratoria para ampliar la capacidad de las desaladoras y seguir usando acuíferos más allá del año 2027. Reivindica asimismo limitar el recorte de aguas subterráneas a 75 hm3/año, en lugar de los 213 que plantea el Plan de Cuenca del Segura.

En cuanto al Trasvase, el Scrats rechaza las nuevas reglas de explotación que proponen reducir los volúmenes trasvasados en un 40% de cara al año 2027. El informe de PwC recalca que este descenso implicaría que, frente a una media histórica de 202 hm3/año, los volúmenes destinados a regadío podrían quedar reducidos a apenas 100 hm3/año en 2027.

Incide en que las nuevas reglas, que tramita el Ministerio para el cumplimiento de los nuevos caudales ecológicos, complementan este recorte al elevar los umbrales mínimos de agua en los embalses, y al restringir severamente el trasvase para regadío, sobre todo en los niveles 2 y 3 (los más frecuentes en la última década). Así, mientras antes se podía trasvasar más con caudales ecológicos bajos, las nuevas reglas rompen la estabilidad de la agricultura del sureste español.

El Trasvase Tajo-Segura es considerado como una de las infraestructuras hidráulicas más importante de España, siendo esencial para la agricultura de regadío del Sureste, una de las más productivas de Europa. Gracias a este recurso hídrico, se riegan más de 132.000 hectáreas de cultivos de alto valor, como hortalizas, cítricos y frutales. Además, el Trasvase favorece el cuidado del medioambiente con una agricultura más eficiente y sostenible.

Esta representa el principal sumidero de CO2 del sudeste español, eliminando más de 1,2 millones de toneladas al año. Asimismo, los 44 millones de árboles frutales y las 70.000 hectáreas de cultivos hortícolas regados con aguas del Trasvase contribuyen al freno de la desertificación. El informe recuerda igualmente que las aguas del Tajo aseguran el abastecimiento de 2,5 millones de personas.

Las aguas subterráneas, que constituyen el 30% de los recursos hídricos destinados al uso agrario en la cuenca del Segura (425 hm3), son la principal fuente de riego para los agricultores de la zona, concentrándose su mayoría en la provincia de Murcia. Los otros recursos proceden de las aguas superficiales, que alcanzan el 26% (367 hm3), mientras que la desalación aporta el 16% (223 hm3) y las aguas residuales depuradas el 9% ( 135 hm3). Los caudales del Trasvase representan el 14% (198 hm3 de media anual).

El estudio de PwC resalta que las aguas subterráneas «desempeñan un papel esencial en el abastecimiento hídrico de la cuenca del Segura y su entorno, especialmente en territorios con déficit estructural de recursos». Tradicionalmente vinculadas al sostenimiento del regadío agrícola, estas reservas han pasado a asumir una función clave también en el abastecimiento urbano e industrial. En las últimas décadas, la consolidación de sistemas de suministro que se apoyan en el trasvase para atender las demandas hídricas, junto con el uso directo de acuíferos tanto por parte de numerosos municipios como de actividades industriales, ha intensificado notablemente la presión sobre los recursos subterráneos.

Apunta que esta dinámica «ha provocado una reducción efectiva del agua disponible para la agricultura, tanto por la derivación de caudales superficiales hacia otros usos como por el aumento de la competencia sobre los acuíferos. El resultado es una rivalidad estructural por el recurso, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema agrícola dependiente del trasvase y de los acuíferos asociados».

Según el Plan del Segura, los recursos subterráneos se reducirán en -213 hm3/año en 2027, el 50% del agua utilizable por los agricultores del Trasvase, por lo que Scrats ha propuesto una moratoria temporal que permita una transición ordenada hasta que las desaladoras puedan compensar la pérdida de agua.

De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Alicante, la aplicación de las medidas del Plan del Segura para las aguas subterráneas implicaría una pérdida total de 826 millones de euros de PIB y 25.345 puestos de trabajo en la cuenca. Junto con los casi 105 hm3/año que dejarían de trasvasarse, la reducción total de recursos hídricos sería de unos 318 hm3/año.

Aunque la desalación podría complementar los recursos del Trasvase Tajo-Segura, no es una solución viable para reemplazarlo, destaca el informe. «El Gobierno central solo prevé aportar 38 hm³/año de agua desalada ante los 318 que se perderán para los regantes». Señala que actualmente la desalación se enfrenta varias limitaciones que dificultan su implementación a gran escala: el aumento en costes de producción, el elevado consumo energético, el riesgo de perjuicio a los cultivos, y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Javier Celdrán director PricewaterhouseCoopers (PwC) en la Región, indicó en la presentación del informe que el sector «es incapaz de absorber una reducción tan brutal de agua», al existir un «doble riesgo» con el recorte del Trasvase y el cierre de acuíferos a partir de 2027.

Por cada euro de PIB directo vinculado a la agricultura en la zona del Trasvase, se generaron el año pasado 2,5 euros en la economía española, indica el informe de PwC, que detalló Roberto Maeso Benito. La aportación de la zona del Trasvase al PIB y al empleo se encuentra en peligro en el corto plazo por las limitaciones impuestas a la agricultura del Levante, tanto en el sistema de explotación del Trasvase como en los aprovechamientos vinculados a las masas de aguas subterráneas, advierte el informe. Los regantes insisten en una moratoria para ampliar la capacidad de las desaladoras y seguir usando acuíferos más allá del año 2027. Reivindica asimismo limitar el recorte de aguas subterráneas a 75 hm3/año, en lugar de los 213 que plantea el Plan de Cuenca del Segura.

En cuanto al Trasvase, el informe de PwC recalca que el descenso del 40% para el regadío implicaría que, frente a una media histórica de 202 hm3/año, los volúmenes podrían quedar reducidos a apenas 100 hm3 en 2027.

El Trasvase Tajo-Segura es considerado por PwC como una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de España. Gracias a este recurso hídrico, se riegan más de 132.000 hectáreas de cultivos de alto valor, a la vez que favorece el cuidado del medioambiente con una agricultura más eficiente y sostenible. Representa el principal sumidero de CO2 del sudeste español, eliminando más de 1,2 millones de toneladas al año. Asimismo, los 44 millones de árboles frutales y las 70.000 hectáreas de cultivos hortícolas contribuyen al freno de la desertificación. Recuerda igualmente que las aguas del Tajo aseguran el abastecimiento de 2,5 millones de personas.

Las aguas subterráneas, que constituyen el 30% de los recursos hídricos destinados al uso agrario en la cuenca del Segura (425 hectómetros cúbicos), son la principal fuente de riego para los agricultores de la zona, concentrándose su mayoría en la provincia de Murcia. Los otros recursos proceden de las aguas superficiales, que alcanzan el 26% (367 hm), mientras que la desalación aporta el 16% (223 hm) y las aguas residuales depuradas el 9% ( 135 hm). Los caudales del Trasvase representan el 14% (198 hm de media anual).

El estudio de PwC resalta que las aguas subterráneas «desempeñan un papel esencial en el abastecimiento hídrico de la cuenca del Segura y su entorno, especialmente en territorios con déficit estructural de recursos».

Según el Plan del Segura, los recursos subterráneos se reducirán en 213 hm3/año en 2027, el 50% del agua utilizable por los agricultores del Trasvase, por lo que Scrats ha propuesto una moratoria temporal que permita una transición ordenada hasta que las desaladoras puedan compensar la pérdida de agua.

En el documento también se valora el impacto que tiene el uso de aguas subterráneas en agricultura, al indicar que éstas fueron responsables de producir casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en un impacto de 668 millones de euros en PIB y 31.428 puestos de trabajo.

De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Alicante, la aplicación de las medidas del Plan del Segura para las aguas subterráneas implicaría una pérdida total de 826 millones de euros de PIB y 25.345 puestos de trabajo en la cuenca. Junto con los casi 105 hm3/año que dejarían de trasvasarse, la reducción total de recursos hídricos sería de unos 318 hm3/año.

Aunque la desalación podría complementar los recursos del Trasvase Tajo-Segura, no es una solución viable para reemplazarlo, destaca el informe. «El Gobierno central solo prevé aportar 38 hm³/año de agua desalada ante los 318 que se perderán para los regantes». Señala que actualmente la desalación se enfrenta varias limitaciones que dificultan su implementación a gran escala: el aumento en costes de producción, el elevado consumo energético, el riesgo de perjuicio a los cultivos, y las emisiones de gases de efecto invernadero.