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Las granjas de la Región de Murcia y las balsas de purines asociadas a estas instalaciones «pueden suponer una fuente de contaminación difusa» ... para los acuíferos expuestos a la infiltración de desechos y residuos orgánicos líquidos. Estas explotaciones del sector primario son «una potencial presión» sobre las masas de agua cercanas «en caso de sistemas de aislamiento deteriorados, excesos en la capacidad de carga o por una inadecuada gestión de las deyecciones del ganado». La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) justifica de esta forma las nuevas directrices que aplicará cuando lleguen hasta su sede expedientes de ampliación o de nuevas granjas en todo el territorio de la cuenca.
La estrategia NitraSegura, adelantada ayer por LA VERDAD y que se presentará este jueves en la Junta de Gobierno de la CHS, ha encendido al sector ganadero por la imposibilidad práctica de expansión del sector en la Comunidad. La institución dirigida por Mario Urrea va a reforzar las medidas de protección contra la contaminación por nitratos de origen agrario y ganadero negando la posibilidad de acceder a más volúmenes de agua si una granja quiere aumentar sus naves para acoger más animales, o directamente si un promotor quiere construir una nueva.
Zonificación de la cuenca del Segura en función del indicador global de presiones por nitratos para ríos y acuíferos
La CHS fija las áreas donde no se podrán promover nuevas granjas por
el daño ambiental
Nivel de presión de los nitratos
Bajo
Media
Alta
Muy alta
Fuente: CHS
Zonificación de la cuenca del Segura en función del indicador global de presiones por nitratos para ríos y acuíferos
La CHS fija las áreas donde no se podrán promover nuevas granjas por
el daño ambiental
Nivel de presión de los nitratos
Bajo
Media
Alta
Muy alta
Fuente: CHS
Zonificación de la cuenca del Segura en función del indicador global de presiones por nitratos para ríos y acuíferos
La CHS fija las áreas donde no se podrán promover nuevas granjas por
el daño ambiental
Nivel de presión de los nitratos
Bajo
Media
Alta
Muy alta
Fuente: CHS
La coordinadora agraria COAG Murcia no ahorra en calificativos y tacha la línea de actuación de la CHS de «totalitaria». Su presidente, José Miguel Marín, rechaza «por completo» la estrategia: «Nos parece bien que se tomen medidas contra la contaminación de los acuíferos, pero si el sector ganadero cumple y garantiza todas las medidas de protección, por qué no se puede desarrollar la actividad», se pregunta. Marín advierte, incluso, de que la organización valorará a partir de la próxima semana qué decisiones tomar para responder contra las directrices de la CHS.
El portavoz de COAG es consciente de que el sector porcino está controlado en la Región por grandes integradoras, pero dentro de ese ciclo de producción «hay explotaciones familiares que dependen de esta actividad; gente que vive en sus pueblos dignamente y con sus trabajos». Marín espera que hoy los integrantes de la Junta de Gobierno «pongan las cosas en su sitio a Mario Urrea porque no se puede ir en contra de un sector con un planteamiento tan extremo».
En la misma línea se pronuncia Carlos Esparcia, responsable de Ganadería de UPA Murcia, quien muestra su «preocupación» por las decisiones de la Confederación. El representante sectorial asegura que la CHS ya venía informando de forma desfavorables en los trámites de ampliación de granjas ubicadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, al margen de las negativas ya conocidas en la cuenca vertiente del Mar Menor.
Esparcia enumera algunas restricciones o políticas a las que ya hacía frente el sector ganadero, como la reducción de plazas por la revisión de los expedientes de cambios de orientación productiva en la Región, la ley del Mar Menor, el nuevo real decreto de ordenación del porcino y el recorte de agua a los ganaderos del Noroeste y Lorca por la sequía. «Habrá que ver qué normativa aplica la CHS y qué se puede hacer», menciona el integrante de UPA, que le hubiera gustado poder revisar esa estrategia y hacer aportaciones con una fase de consulta pública que, por el momento, no ha existido.
Alfonso Galera, vicepresidente de Asaja Murcia y responsable de Ganadería, asume que las normativas actuales sobre el sector y las políticas que impulsan administraciones como la CHS no van encaminadas a aumentar los censos de las cabañas ganaderas por el problema de los nitratos. Sin embargo, pone el acento en las negociaciones que se están llevando a cabo sobre las repercusiones de la Ley de Bienestar Animal para estas explotaciones. «Para adaptarse a la nueva legislación, las granjas deben ganar espacio para los animales, lo que supone reducir el número de animales en cada nave. Lo que piden los ganaderos es no perder ese número de plazas que ya está concedido, con autorización ambiental incluida, y poder construir otra nave para albergar los ejemplares que no caben en otras», explica Galera.
Para Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, la estrategia de la Confederación «llega tarde, pero llega; es una buena noticia». La organización opina que, pese a las intenciones de la CHS, el Gobierno regional está promocionando por su parte la ampliación de las granjas en funcionamiento, pero es «necesario poner coto al deterioro de los recursos naturales». Las nuevas directrices «son una herramienta para conseguir ese objetivo de reducir los nitratos y que no lleguen más a los acuíferos», pero avisa Vives de que estarán atentos a cómo se desarrollan. La Comunidad ha declinado valorar las nuevas reglas del organismo de cuenca para el sector porcino.
La Confederación llevará a cabo estudios y actuaciones «que permitan observar el estado y las prácticas de gestión» de las granjas y sus balsas de purines. «Estas mejoras buscan no solo reducir el impacto ambiental, sino también hacer que las explotaciones sean más modernas, sostenibles y competitivas, integrando prácticas que beneficien tanto al medio ambiente como a la eficiencia operativa del sector», explica el organismo de cuenca en su estrategia, que presentará este jueves.
La nueva estrategia NitraSegura también plantea medidas para el sector agrícola, como un mayor control de los retorno de riego «mediante la implementación de planes de vigilancia específicos y la supervisión de los informes anuales presentados por los titulares del derecho al uso del agua». Esto implicará elaborar un plan de vigilancia para cada aprovechamiento de riego que controle los caudales retornados y su calidad mediante aforos directos o toma de muestras del agua y sumar a estas tareas la certificación de una entidad colaboradora. «Los titulares del uso privativo del agua deberán elaborar y aplicar el plan cuando el organismo de cuenca así lo determine, notificando cualquier incidencia relevante», advierte la CHS.
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