Las partes del 'caso Atalayas' calculan un año para el cierre de la instrucción

El próximo miércoles se cumplen dos años del incendio que arrasó las discotecas, donde las víctimas murieron en un entramado de salas mal compartimentadas, con salidas bloqueadas y medidas de seguridad que, según los informes periciales, no cumplían con la normativa mínima de prevención de incendios.

Y dos años después, el caso sigue sin fecha de juicio a la vista. El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia mantiene abiertas las diligencias, que han acumulado ya más de seis mil folios. Se han sucedido informes técnicos, declaraciones de peritos, testigos y agentes de Policía, así como recursos en la Audiencia Provincial. Mientras el sumario sigue creciendo, las familias claman para que se haga justicia.

La instrucción arrancó en octubre de 2023 y fue prorrogada apenas dos meses después. En enero de 2025, la jueza rechazó imputar a funcionarios del Ayuntamiento de Murcia pese a las reiteradas peticiones de las acusaciones. Esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial, que aún debe pronunciarse. La resolución marcará el futuro del procedimiento, ya que, si se investiga al Consistorio, la instrucción se alargará; si no, podría cerrarse en meses.

Mientras tanto, se ha señalado como pieza clave la compartimentación del inmueble. Ese hito en el procedimiento se produjo el pasado 20 de junio cuando una arquitecta ratificó en sede judicial un informe demoledor. Que la sectorización era deficiente y las vías de evacuación superaban con creces los límites legales. Poco antes, el ingeniero que diseñó la división del local había declarado como testigo. La jueza, tras conocer el peritaje, lo citó como investigado para el próximo 24 de octubre.

«La pericial de la arquitecta ha sido clave para esclarecer los hechos. La mala compartimentación se ejecutó con el visto bueno del Ayuntamiento», afirma Rosa Egea, abogada de varias familias.

Los letrados que representan a las víctimas coinciden en subrayar que el Ayuntamiento de Murcia debe responder. «El Consistorio no puede quedar al margen. Hubo omisiones graves en el control, en la ejecución de las órdenes de cese y en la vigilancia de la seguridad», denuncia Pedro López Graña, abogado de varias familias.

Para José Manuel Muñoz, también acusación particular, la situación es incomprensible y asegura que el Consistorio es el principal responsable. «Determinar esa responsabilidad y asegurar fondos para indemnizaciones es lo esencial, porque lo que hay asegurado es muy poco para una tragedia de esta magnitud».

La abogada Ainhoa Azpeitia, que representa a la familia de una víctima mortal, va en la misma línea. «Hemos presentado recurso ante la Audiencia solicitando la imputación del Ayuntamiento. Estamos a la espera de resolución. Confío en que sí responderá judicialmente», afirma.

Azpeitia destaca que la instrucción es de enorme complejidad por la cantidad de declaraciones practicadas y pendientes. «Se debe citar al jefe de Disciplina Urbanística, a técnicos municipales, a inspectores de actividades y al concejal delegado de Urbanismo».

Más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas, los abogados trasladan el sufrimiento que soportan los allegados de las víctimas. «Mis representados quieren justicia. Nada les devolverá a sus seres queridos, pero tampoco han recibido ayuda institucional. Ni siquiera para que una hija huérfana cobrara la pensión de orfandad», recuerda Rosa Egea.

López Graña añade que las familias viven con un dolor irreparable. «Necesitan una respuesta judicial firme. La causa no puede eternizarse». Muñoz subraya la desolación de los afectados por la lentitud procesal y «la falta de apoyo institucional».

La letrada Azpeitia añade que en el caso de la familia a la que representa, la situación económica está incrementando la devastación de sus vidas tal y como la conocían antes de la tragedia de hace dos años. «Orfilia falleció y dejó a su hija huérfana. La abuela se ha hecho cargo en una situación económica muy precaria, porque Orfilia sostenía el hogar». Y pone rostro a ese dolor. «Celeste, la hija de Orfilia, se ha quedado sin madre y en una situación de necesidad. La tragedia no solo se mide en números, también en vidas destrozadas».

En paralelo, los abogados de los investigados tratan de reducir la responsabilidad de sus clientes. Evaristo Llanos, que defiende a la empresa Teatre, sostiene que el procedimiento no debería durar más de un año. «Confiamos en acreditar que el inmueble estaba conforme a proyecto y con medidas de seguridad. La causa del fuego fue un mal uso de las instalaciones», resume.

Por su parte, Raúl Pardo-Geijo, abogado del organizador de la fiesta, insiste en la inocencia de su cliente. «El incendio fue multifactorial, con numerosas hipótesis. Mi defendido, que además estuvo en riesgo y perdió todas sus pertenencias, no tuvo ninguna responsabilidad. Como DJ no le correspondía comprobar salidas de emergencia ni medidas contra incendios», afirma.

Pardo-Geijo sostiene que la instrucción está ya «bastante avanzada» y que en seis meses debería dictarse auto de procedimiento abreviado. Por su parte, Llanos apunta que sería clave «acreditar» que el Ayuntamiento había realizado las inspecciones necesarias.

Mientras tanto, en paralelo a la causa principal, se tramitan querellas contra concejales y técnicos municipales por prevaricación administrativa y homicidio imprudente. Las acusaciones también han reclamado embargos preventivos. Según López Graña, «se han adoptado parcialmente, pero no son suficientes para asegurar las indemnizaciones». Muñoz lamenta que «no se haya adoptado ninguna medida cautelar» y Azpeitia, por su parte, aclara que esperará a la resolución del recurso para pedir medidas contra el Ayuntamiento.

Y en esta situación, el calendario está trufado de incertidumbre. Para las acusaciones, la instrucción debería cerrarse en 2026 y el juicio celebrarse en 2027. Para las defensas, podría elevarse a juicio en menos de un año. Las de las familias, que piden una investigación más profunda; y las de los investigados, que esperan un cierre rápido.

De cualquier forma, el 'caso Atalayas' sigue abierto en canal. La instrucción avanza lentamente, la Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado sobre la responsabilidad municipal y las familias afrontan el segundo aniversario con la misma pregunta que se hacen desde hace dos años. ¿Quién responde por la muerte de trece personas en una discoteca de Murcia?

Han pasado dos años desde la madrugada del 1 de octubre de 2023, cuando el incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros arrebató la vida de 13 personas. Una de ellas fue Olga Lucrecia, conocida como Lula, camarera del local y pareja de Ferney Lozano. Más de 700 días después, su recuerdo sigue intacto en su cabeza. «Me la imagino hablándome, la sigo soñando. Siempre está conmigo». La pena que siente por su ausencia es directamente proporcional al sufrimiento por sacar adelante a su familia.

«Lo único de los que podemos presumir es de salud, porque estamos bien, gracias a Dios, pero económicamente fatal. Lula y yo compartíamos gastos y ahora me toca llevar todo yo solo. Y no tenemos ayuda de nadie, absolutamente de nadie, no hemos tenido ni tan solo una llamada», lamenta. Ferney se hizo cargo de la hija menor de Lula, que entonces era menor de edad y ahora tiene 20 años. «A veces trata de ser fuerte, pero la tristeza sigue latente y la exterioriza cuando llora por su madre. Son los momentos en los que se derrumba», confiesa.

El locutor de radio, que aún mantiene su programa El mañanero en Supermix FM, asegura que no pierden la esperanza de ver pronto las condenas a los responsables, pero «el proceso judicial va demasiado lento. Con dinero no se olvida nada, pero al menos que los responsables paguen».

El próximo miércoles, día del segundo aniversario, familiares y afectados planean concentrarse frente a los juzgados. Ferney, por su parte, organizará una misa en memoria de Lula. «Nunca nos falta su foto en el salón junto a una flor», concluye.