La jueza reclama a Singapur datos bancarios de la turista asesinada en Abanilla y su supuesto homicida
La instructora pretende averiguar si el investigado actuó por «fines de naturaleza económica»
La investigación sobre la arquitecta singapurense Audrey Fang, asesinada en un bancal de Abanilla en abril, ya traspasa fronteras. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cieza ha pedido a Singapur que facilite información bancaria, patrimonial y económica tanto del presunto autor del crimen, el singapurense Ong Mitchell, como de la víctima.
El objetivo, según explica la instructora en un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, es tratar de constatar la relación que existía entre el sospechoso y la víctima y si el investigado actuó motivado por «fines de naturaleza económica». Esta es una de las hipótesis que desde un primer momento ha estado encima de la mesa para los investigadores de la Guardia Civil y que han defendido los familiares de la víctima, representados por el abogado Manuel Martínez.
La magistrada solicita a las autoridades singapurenses «información bancaria, movimientos e historial de cuentas aperturadas» tanto por el sospechoso como por la víctima. La jueza explica que considera «especialmente relevante» la información referente al CPF (Fondo Central de Previsión), una suerte de plan de pensiones o fondo de inversión público de este país. Remarca la importancia de determinar si la víctima de este crimen había nombrado algún beneficiario en su fondo, y, en su caso, si esa persona era Ong.
Enigmático mensaje
La consulta de la jueza está motivada, como ya avanzó este diario, por la aparición de un enigmático texto en la 'tablet' de la víctima. «Deseo aclarar que mi decisión de nominarlo para mi CPF se tomó porque usted es mi amigo desde hace mucho tiempo y mi confidente de confianza». El texto se encontraba guardado en las notas de su iPad y estaba fechado supuestamente el pasado 24 de marzo, semanas antes del crimen. La instructora explica en su auto que los familiares de Fang aseguraron desconocer si la arquitecta había designado algún beneficiario, pero sí afirmaron que su fondo debía ser cuantioso, acumulando, al menos, 200.000 euros.
La magistrada reclama, además, a las autoridades singapurenses que recaben información «referente a seguros de vida, fondos o cualquier activo financiero o bancario que hubiese contratado la víctima y, en su caso, la identidad del o los beneficiarios de ellos, en caso de fallecimiento». Solicita, asimismo, que se le informe de los posibles antecedentes penales que el sospechoso pueda tener en su país de origen. Ordena, además, que se informe de esta petición al Consulado en España para que traten de obtener esta información «por la vía más inmediata».
La instructora del 'crimen del bancal' se dirige, además, a las entidades bancarias con sucursal abierta en España para que informen si el acusado o la víctima realizaron algún reintegro de dinero en efectivo durante su estancia en España. En el caso de que sea así, la magistrada quiere saber la sucursal o cajero donde se efectuó, su importe, fecha y hora.
La jueza remarca que, en el transcurso de la investigación, han aparecido «sólidos indicios de criminalidad» contra el acusado. Explica que estos se desprenden tanto de «las grabaciones de las cámaras de seguridad, de los datos aportados por los operadoras de telefonía que daban cobertura al lugar de los hechos, así como por múltiples sospechas fundadas»
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