Imputan a la arquitecta municipal de Puerto Lumbreras por el presunto favor a una granja porcina
El juez investiga si la funcionaria permitió que funcionara sin licencia y si advirtió de la situación a la alcaldesa, quien negó haber sido informada
El Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca ha citado a declarar como investigada a la arquitecta del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Ana Isabel Doménech, ... por un presunto delito de prevaricación en relación a la actividad ilegal de una macrogranja porcina propiedad de la mercantil Jisap. Lo hace en la causa relativa a la actividad presuntamente irregular de una explotación de cerdos de El Campillo. El magistrado admite así la solicitud de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín. Además, el juez insta a que el Consistorio aporte un informe del 10 de diciembre de 2020 de los Servicios Técnicos o certifique su inexistencia.
En la causa está imputada la alcaldesa, María Ángeles Túnez, del PP, por permitir supuestamente que caducara un expediente sancionador por falta de licencia urbanística contra la empresa Juan Jiménez García SAU, propietaria de la explotación porcina, y que se tuviera que iniciar otro, donde además se rebajó «injustificadamente» el importe en 400.000 euros. También están imputados el exconcejal de Agricultura y Ganadería César Gázquez y el representante legal de la empresa Jisap.
En noviembre del año pasado, Túnez aseguró en el juzgado que cuando los técnicos le informaron de la situación de la granja se pusieron todos los mecanismos en marcha para atajar el problema. Añadió que el expediente sancionador caducó por la salida de un técnico, aunque la persona que lo relevó fue designada cuatro meses antes de expirar el procedimiento. La alcaldesa negó, además, que la arquitecta municipal le advirtiera del problema. Ante dicha afirmación, el instructor ve adecuado interrogar a la funcionaria.
Informe desfavorable
Ecologistas en Acción añade que el cebadero carece de Declaración Ambiental Integrada y autorización para el suministro de agua, pues la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emitió un informe desfavorable.
A pesar de ello, la explotación fue autorizada por la Comunidad Autónoma. Eso sí, el juez rechaza la petición de paralizar la actividad de la granja, al entender que ello no afecta a la investigación ni la entorpece.
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