Ortuño carga contra la obligación de las empresas a atender en catalán y advierte de su impacto en 220 compañías murcianas

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, aprovechó su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de este jueves para referirse al pacto alcanzado entre Junts y el Ejecutivo de Pedro Sánchez que obligará a las grandes empresas a atender en catalán a sus clientes, incluso fuera de Cataluña.

«Cuando Puigdemont ordena, Pedro Sánchez obedece», afirmó Ortuño desde el Palacio de San Esteban, donde calificó la medida como «un disparate» que podría afectar a unas 220 empresas de la Región de Murcia. Según explicó, el Gobierno regional rechaza «frontalmente esa imposición» y estudia recurrirla por considerar que supone «un ataque directo a la libertad de empresa».

El pacto con Junts se enmarca en la futura Ley de Atención al Cliente, que regulará a compañías con más de 250 trabajadores o con una facturación superior a los 50 millones de euros. La norma obligará a que las comunicaciones, verbales o escritas, se realicen en catalán si así lo solicita el cliente, sin importar dónde opere la empresa.

Para Ortuño, se trata de una carga añadida a los empresarios murcianos, que ya soportan una elevada presión fiscal. «Bastante esfuerzo tienen que hacer nuestras empresas todos los días para mantenerse a flote como para que ahora les añadan más obstáculos sin sentido», advirtió.

El portavoz del Ejecutivo regional reprochó además el silencio del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. «¿Qué le parece que los empresarios de aquí tengan que aprender catalán, así como otras lenguas cooficiales, por exigencias del señor Puigdemont? ¿Va a decir algo el delegado de Pedro Sánchez en la Región?», se preguntó.

Finalmente, Ortuño adelantó que el Ejecutivo autonómico recurrirá la medida «con todas las herramientas legales a nuestro alcance».

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