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Organizaciones ecologistas proponen a los partidos 60 medidas para el Mar Menor

Entre las demandas figura la compra o expropiación de zonas de alto valor natural como la Marina del Carmolí y las Salinas de Marchamalo

LA VERDAD

Viernes, 12 de abril 2019, 07:21

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Representantes del Pacto por el Mar Menor entregaron ayer en las sedes regionales de los partidos políticos del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos un documento, elaborado en colaboración con las organizaciones ecologistas Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace, en el que se plantean sesenta actuaciones para proteger y recuperar el Mar Menor.

La intención de los promotores de la iniciativa es que los partidos que concurren a las próximas elecciones incorporen en sus programas estas demandas.

Las propuestas de actuación abarcan todas las áreas y ámbitos, desde los legislativos, agrícolas, turísticos y urbanísticos, y entre ellas figuran, por ejemplo, la aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, así como la «negociación y redacción, con la debida participación ciudadana, de una Ley de Gestión Integral del Mar Menor que permita el tratamiento de todos los sectores y la coordinación de todas las administraciones competentes».

Hasta que se apruebe esta ley y la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-ecológico del Mar Menor y su Entorno, los autores de las propuestas piden que se aplique una moratoria urbanística en todo el entorno del Mar Menor, y también solicitan la adquisición o expropiación de lugares de alto valor cultural o ecológico, entre los que citan la Marina del Carmolí, El Mingote, las Salinas de Marchamalo, y también solares no urbanizados de La Manga y Salinas del Rasall de Calblanque.

Con respecto a la agricultura, plantean el desarrollo de «un modelo agrícola sostenible en la cuenca vertiente del Mar Menor, que incluya reducir la contaminación agraria en origen, eliminar los usos irregulares», así como «auditar la sobreexplotación de los acuíferos y sus impactos en la intrusión en el Mar Menor».

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