Los municipios respaldan la simplificación de trámites «con control público»
Piden «recursos humanos, adaptación normativa y financiación» para poder aplicarla «con eficacia y garantías»
LA VERDAD
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:37
El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López, defendió este miércoles en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que los ayuntamientos son «esenciales» en la puesta en marcha de la ley de simplificación administrativa y pidió «recursos humanos, adaptación normativa y financiación» para poder aplicarla «con eficacia y garantías». Dijo que las entidades colaboradoras «no sustituyen la potestad pública» y que «el control seguirá siendo municipal».
López, alcalde de Ulea, recordó que la Consejería remitió a la FMRM un borrador avanzado el 26 de marzo de 2025 -tras consultas previas con la patronal- y que la Federación lo trasladó «al día siguiente» a los 45 ayuntamientos.
También citó dos reuniones técnicas con municipios y la Consejería, en julio de 2024. De aquellos trabajos, ha dicho, salieron prioridades como «coordinación y centralización de trámites, optimización de recursos y personal técnico, claridad normativa, revisión de la declaración responsable y de las licencias provisionales, y digitalización de procedimientos».
El presidente de la FMRM situó el decreto-ley (convalidado por el Pleno el 3 de julio y en tramitación como proyecto de ley) en el marco europeo y estatal de «mejora de la calidad regulatoria y reducción de cargas», y ha precisado que los municipios «están sujetos a la ley estatal y autonómica» en materia de títulos habilitantes.
Potestad administrativa
Sobre las entidades colaboradoras de certificación (ECU), recalcó que «pueden ser útiles para agilizar» siempre «bajo control público» y que la norma «deja claro» que sus funciones «no sustituyen la potestad de la Administración, que podrá verificar en todo momento sus certificaciones».
Entre los efectos municipales, destacó que la declaración autonómica de interés estratégico «reduce a la mitad» los plazos de tramitación local (salvo información pública) y que se introducen ajustes urbanísticos como la licencia básica, que permitirá a un promotor «conocer de forma temprana la viabilidad urbanística» y facilitar financiación e inicio de trabajos preparatorios.
