Croem y Comunidad formarán a empresas y funcionarios para una aplicación efectiva de la ley de simplificación

«Cada día que pasa con trámites innecesarios es un coste añadido y una pérdida de oportunidades», señaló López Abad durante la audiencia legislativa del proyecto de ley.

López Abad enmarcó su intervención en un contexto «de elevada incertidumbre geopolítica y mercados más exigentes», y subrayó que la patronal, que dice representar «más de 140.000 activos empresariales entre autónomos y empresas», ha trabajado «de forma transversal» con sus asociaciones sectoriales para identificar «cuellos de botella» que puedan corregirse en el ámbito regional.

«Hablamos de simplificar sin vulnerar normas europeas o estatales; mejorar plazos e inversiones es necesario para una región históricamente infrafinanciada», apuntó el presidente de Croem, recordando que en agosto «la Región creó empleo frente a la tónica nacional».

El representante empresarial citó como problemas recurrentes la «duplicidad de documentación entre administraciones» y el «exceso de legislación», que «obliga a subcontratar o a ampliar plantillas solo para cumplir trámites», lo que, según dijo, se traduce en «un aumento de costes por encima del 60% en los últimos años» y en menor competitividad.

También defendió la «confianza legítima» en la actuación empresarial y pidió que «los procedimientos no se multipliquen hasta veinte pasos para ampliar o modernizar una actividad».

López Abad avanzó que Croem impulsará un plan de formación sobre la nueva norma «en Cartagena, Caravaca, Lorca o Yecla» y colaborará con la Consejería de Empresa en la capacitación de personal funcionario «con casos prácticos», además de proponer «una comisión de seguimiento» para verificar el cumplimiento de la ley. «Si hay mejoras técnicas que perfeccionen el texto y no afectan a normas superiores ni al medio ambiente, las apoyaremos, vengan del grupo que vengan», afirmó.

Ante las críticas de los grupos de la oposición, el dirigente patronal aseguró que los empresarios no se oponen a ser fiscalizados y regulados por la Administración, pero sí exigió que este proceso se realice con «agilidad».

En el turno de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez Baños señaló que su partido comparte el objetivo de simplificar, pero discrepó «de la forma en que el Gobierno regional aborda este problema». En ese sentido, recordó que en tragedias como el incendio de la discoteca de Atalayas en Murcia y el accidente en la atracción de feria de Alquerías se produjo «una falta de control por parte de las administraciones», en este caso el Ayuntamiento de Murcia

Desde Vox, la diputada Virginia Martínez respaldó el concepto de simplificación por «necesario para emprendedores y empresas», y propuso «eliminar dos o tres normas por cada ley nueva». La parlamentaria mostró su preocupación por un posible fracaso de esta ley, «como las anteriores», por lo que anunció que las enmiendas de su grupo irán en el sentido de que «la implementación sea real», con «formación adecuada de quien la aplica, información a ciudadanía y empresas, y una evaluación trimestral de resultados para corregir desvíos».

Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) criticó que la ley haya sido redactada «al dictado de los empresarios», quienes, según dijo, se encuentran representados en la Asamblea Regional por PP y Vox, «dos perros con distinto collar que trabajan para el mismo amo». Marín reprochó que no se haya tenido en cuenta a las organizaciones sindicales para la elaboración de la norma.

La diputada del PP, María Casajús, aseguró que el proyecto tendrá «un impacto directo en el tejido productivo y en la economía regional», y recordó que el Gobierno regional optó inicialmente por el decreto ley, en lugar del proyecto de ley, «para responder con rapidez a una demanda social», aunque fue reconducido a tramitación parlamentaria. Ha sostenido que esta «cuarta ley nace de la experiencia acumulada» y corrige «cuellos de botella detectados en las anteriores», reivindicando la doctrina de la «confianza legítima» como «avalada por el ordenamiento europeo».

Dentro de las audiencias legislativas convocadas, este martes también estaba prevista la intervención del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, y de la secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez.

En ese sentido, Blázquez planteó que el problema de la vivienda en España y la Región de Murcia requiere una solución «urgente», ya que actualmente «la demanda es muy superior a la oferta», lo que hace que los precios estén subiendo «a dos dígitos».

Sobre la ley, el presidente de Apirm reconoce que a su asociación le gustan las medidas para agilizar la concesión de licencias, pues asegura que algunos promotores de la Región «tarda más tiempo en obtener la licencia que en hacer la obra». En ese sentido, resaltó que las entidades colaboradoras ajenas a la administración que se crearán para solventar algunos detalles técnicos «están funcionando con éxito en Madrid y la Comunidad Valenciana». También destacó como avance la licencia básica que contiene la propuesta del Ejecutivo regional.

Por su parte, la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, reconoció «el impacto positivo que puede tener sobre la economía y el empleo la simplificación de los procedimientos administrativos», pero lamentó que no se haya dado voz a los representantes de los trabajadores durante el proceso de su elaboración.

No obstante, subrayó Sánchez que para que la agilidad sea real y efectiva es necesario «dotar a la Administración de recursos humanos y materiales suficientes, y no sólo modificar plazos o trámites». Por contra, señaló que las plantillas administrativas están cada vez más mermadas. Durante el debate, Sánchez se intercambió reproches con la diputada de Vox Virgina Martínez: «Nosotros no nos gastamos el dinero de las subvenciones en gambas, como imagino que ustedes no se gastan el suyo en coca, como su concejal de Parla», indicó la líder de UGT.