El PP de Mazarrón amplía su denuncia sobre el posible amaño de las oposiciones
Lleva a la Fiscalía las palabras del secretario del Pleno sobre las presiones previas a la selección de 18 auxiliares administrativos
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de la Región de Murcia sobre presuntas irregularidades ... en las oposiciones para 18 plazas de auxiliar administrativo. Su portavoz y exalcaldesa, Alicia Jiménez, expone en un escrito, al que ha accedido LA VERDAD, que en el Pleno del 30 de octubre, el secretario de ese órgano, Diego Martínez Montalbán, «reconoció públicamente la gravedad de la situación de la Oferta de Empleo Público 2024» (26 plazas), y afirmó «que 'no puede continuar así' y que él mismo había sido objeto de presiones» para amañar el proceso como secretario del tribunal examinador. Según Martínez, intentaron sobornarle con dinero y un funcionario encerró a un subordinado y le dijo, sin éxito: 'O me das las preguntas para mi nuera o la lío». Martínez aseguró haber presentado una denuncia en los tribunales. Por su parte, el equipo de gobierno defiende que ha cumplido en todo momento con la legalidad.
«Dichas manifestaciones corroboran las irregularidades y presiones internas», sostiene el PP. Y añade que un aspirante alegó que fue excluido y luego aparecieron sus notas de examen, «una irregularidad material gravísima que podría implicar alteración o manipulación del procedimiento selectivo y vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad».
El PP dice que «varios funcionarios han presentado recursos y escritos solicitando la nulidad de pleno derecho de la OEP y de las bases específicas», por la «omisión deliberada» de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad. El día antes del examen (600 aspirantes), la corporación reservó dos plazas. Y «en reuniones internas entre responsables municipales y sindicales y empleados públicos, se habría reconocido que la convocatoria podría considerarse 'anulable y no nula', evidenciando el conocimiento interno del incumplimiento legal y la voluntad de mantener el proceso pese a su ilegalidad». «Se habrían barajado fórmulas para 'sacrificar plazas' y aparentar un cumplimiento parcial de la legalidad», indica el PP, oposición al gobierno de Unión Independiente de Mazarrón (partido del alcalde Ginés Campillo) y PSOE.
«Desviación de poder»
Los populares advierten de «cambios reiterados en la composición del tribunal, solicitudes de abstención por parentesco no resueltas, reuniones no públicas con aspirantes y ausencia de respuesta a reclamaciones». Y sostienen que «la inacción de determinados cargos municipales con competencias en materia de personal, pese a conocer las irregularidades, podría suponer una omisión grave del deber de control de legalidad y de protección del interés público». Apuntan a posibles delitos como de prevaricación, malversación y desviación de poder, «al producir un daño económico público mediante un acto ilegal consciente». Calcula 500.000 euros, si se anulan las adjudicaciones de empleos.
El PP ve comprometida «la legalidad, transparencia e igualdad» y «derechos fundamentales». «Las maniobras de simulación de cumplimiento legal o alteración de listas» supondrían «fraude, falsedad o tráfico de influencias», avisa. Y pide la suspensión cautelar de todas las oposiciones. La OPE incluye una plaza de pedagogo, dos de administrativo, una de oficial de almacén, tres de peón y una de encargado general de administración. Jiménez comunica también a la Fiscalía que ha denunciado ante la Guardia Civil al secretario del Pleno por «amenazas». Según la edil, el funcionario le reprochó en un bar haberle acusado de prevaricar, algo que ella rechaza haber hecho. A su vez, Martínez niega las amenazas.
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