Una jueza exige al Ayuntamiento de Calasparra documentación sobre presuntas anomalías en contratos bajo amenaza de registro

Estos hechos, denunciados por la Fiscalía a finales de 2023, se habrían producido entre 2010 y 2022 –cuando eran alcaldes Jesús Navarro y, más tarde, José Vélez– y podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación. Nadie ha sido citado aún por el juzgado para prestar declaración. El denunciante inicial advirtió de que, en ese periodo, un gran número de contratos de servicios culturales se habían tramitado en Calasparra como contratos menores a favor de un empresario y una mercantil en concreto.

En su escrito la instructora reitera la petición de documentación que la Fiscalía ya plasmó en su denuncia a finales de 2023 y que, por el momento, no ha sido entregada. La jueza subraya que las diligencias interesadas «se refieren a cuestiones de absoluta trascendencia para el esclarecimiento de los hechos» y que, aunque ya habían sido solicitadas previamente, el Ayuntamiento calasparreño no ha dado respuesta.

Por este motivo, la magistrada ordena que en esta ocasión la Policía Judicial de Caravaca entregue directamente la petición al secretario y el interventor calasparreño y les da un plazo de 30 días para atender su petición. Advierte, además, a estos funcionarios de que podrían incurrir en presuntos delitos de desobediencia y denegación del auxilio a la Administración de Justicia. En el caso de no omitir respuesta sobre algunos de los extremos interesados, advierte, se acordará el registro a la corporación municipal.