Cuarto rechazo en juzgados a asumir la denuncia a Valcárcel por la desaladora

La denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras sigue sin encontrar dueño. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, acaba de dictar un auto por el que envía la causa a su homóloga de Instrucción número 1, con el argumento de que no es competente para asumir esa investigación. Es la segunda vez que esta magistrada rechaza hacerse cargo de la denuncia, pues fue en su juzgado donde el Ministerio Público presentó por vez primera el escrito contra Valcárcel, toda vez que es el que ha llevado desde el primer momento la investigación sobre una presunta malversación multimillonaria en la construcción y adquisición de la planta desalobradora de Escombreras.

Ya en su día, la juez Azuar argumentó que esa denuncia no se podía tramitar como una pieza separada del denominado 'caso La Sal', unas diligencias a las que la Audiencia Provincial, primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia impusieron un brusco final al considerar que se había superado el plazo legal para seguir investigando y que no se podían practicar nuevas gestiones.

El rechazo por tales motivos a abrir diligencias previas contra Valcárcel hizo que la denuncia llegara al Juzgado Decano, que la asignó por turno de reparto a Instrucción número 7 de Murcia, presidido por el magistrado José Fernández Ayuso. Pero este alegó que se había repartido como procedimiento simple cuando era evidente que esa investigación iba a ser compleja, por lo que se volvió a asignar por un turno especial. Fue entonces cuando cayó en manos de la juez de Instrucción número 1, Ana Isabel Navarro Prieto, quien la mandó de nuevo a Instrucción número 5 señalando que los hechos atribuidos al expresidente Valcárcel estaban íntimamente relacionados con los del 'caso La Sal'.

Ahora, el asunto vuelve a rodar por los juzgados de la capital murciana con la nueva devolución a Instrucción número 1 acordada por la juez Azuar, aunque es previsible que aquí vaya a acabar el trasiego. Si la magistrada Ana Isabel Navarro sigue considerando que la denuncia no es de su competencia, debería plantear una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial y que sea este tribunal quien medie para que la cuestión no se eternice.

Entre los argumentos jurídicos de la magistrada Azuar, recogidos en su auto, insiste en que no puede abrir nuevas diligencias contra Valcárcel, como ampliatorias de las que ya venía desarrollando, pues estas están formalmente agotadas y ya solo procede dictar auto de archivo si se estima que no hay indicios de delito o, en caso contrario, de procedimiento abreviado para encaminar a los investigados a juicio.

Y recuerda que el propio Ministerio Fiscal admitió en su escrito inicial que el enjuiciamiento de los sospechosos del caso de la desaladora se puede llevar perfectamente en varios juzgados diferentes, como de hecho está ocurriendo.

La Fiscalía atribuye a Valcárcel presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales, fraude y fraude de subvenciones.