Imputados un guardia civil y un policía nacional por la trama de los cadáveres
El juez de Cartagena cita a declarar a los agentes, uno de ellos de Mallorca, por la presunta difusión de fotos de magrebíes usadas por funerarias y una ONG para lucrarse con repatriaciones
La investigación judicial sobre la trama de identificación y repatriación ilegal de cadáveres de ciudadanos magrebíes que intentaban alcanzar en patera las costas de la Región de Murcia, Almería y otras provincias españolas ha adquirido aún mayor relevancia nacional. Tomando como base la información obtenida en intervenciones telefónicas y en declaraciones de varios imputados, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado a declarar como investigados a un agente de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Palma de Mallorca y a otro funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo destino profesional no ha trascendido, pero cuya situación procesal ha sido comunicada a la Jefatura de Información del CNP.
Respecto a estos dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el magistrado indaga acerca de su «presunta implicación en la difusión no autorizada de fotografías de cadáveres de inmigrantes», usadas por una presunta organización criminal, formada por funerarias y por una ONG que opera en Andalucía, para obtener «importantes beneficios económicos». Entre otras cuestiones, el juez rastrea la realización de pagos por el envío de fotografías y otros datos personales de los muertos por teléfono y correo electrónico.
En concreto, durante años la trama se habría nutrido de fotografías y otros datos suministrados por funcionarios policiales y del Ministerio de Justicia, entre ellos empleados de las salas de autopsias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cartagena y del IML de Murcia, para contactar con familiares de los fallecidos, en su mayoría de Argelia, y lograr que contrataran servicios de localización, identificación y repatriación de los cuerpos.
En el caso de los dos agentes investigados, la causa -abierta gracias a una operación de la Benemérita que se saldó en marzo con la detención de veinte personas en la Región de Murcia, Almería y Jaén- se dirige contra ellos por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, contra la libertad de conciencia y respeto a los difuntos, cohecho y organización criminal, entre otros. Así lo acordó el juez de Cartagena el 31 de julio, según confirmaron a LA VERDAD fuentes conocedoras de estas pesquisas.
Asimismo, el magistrado ha llamado a comparecer como testigo al sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Garrucha. Y ha instado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita a que recabe de los puestos de Adra, Garrucha, Huércal-Overa, Almería y Ceuta «información relativa a agentes u oficiales que habrían mantenido relaciones de comunicación e intercambio de información» con Cipimd (Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos), una ONG con sede en Málaga, y con su presidenta, así como con otros ocho investigados.
Hasta 5.000 euros por cuerpo
Según averiguó el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cartagena, que lideró la investigación, empleados de las funerarias «dejaban sobres» con dinero a empleados del IML para «obtener informes preliminares de autopsias e información privilegiada de los auxiliares y del personal del furgón, a fin de adjudicarse la gestión administrativa de fallecidos». La trama usaba luego los datos para presionar a las familias de los fallecidos, que pagaban hasta 5.000 euros por cada repatriación.
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El magistrado exige al Ministerio de Justicia que le aclare el protocolo de actuación con los fallecidos
Las diligencias penales sobre el negocio de la repatriación de argelinos y marroquíes muertos en el Mediterráneo ha puesto el foco sobre las aparentes lagunas del sistema español en el manejo de los cadáveres y su entrega a los familiares. El juez recibió en julio un informe del Ministerio de Justicia sobre el protocolo de actuación y sobre las atribuciones de uno de los investigados: el médico forense Rafael Bañón, exdirector del Instituto de Medicina Legal de Murcia y actual asesor del Ministerio. La respuesta del Ministerio que dirige Félix Bolaños no ha convencido, sin embargo, al magistrado, que ha instado al Gobierno a que concrete varias cuestiones.
Entre ellas, está «quién es el responsable de la custodia y el tratamiento de un cadáver desde que es movilizado el médico forense y efectúa el levantamiento del mismo; quién es el responsable de su traslado a dependencias del IML (Instituto de Medicina legal) y quién supervisa o autoriza ese traslado; si una vez en dependencias oficiales del IML, el cadáver judicializado debe ser objeto de autopsia por el médico forense en todo caso; y si el expediente del IML, una vez judicializado el cadáver, debe finalizar en todo caso con un informe de autopsia del médico forense».
Informes de autopsia
El magistrado también pregunta «si es posible que el cadáver pueda, una vez trasladado a sede oficial del IML, salir y volver a entrar de las dependencias sin informe de autopsia del médico forense y sin ningún tipo de supervisión sanitaria; si el médico forense puede demorar la autopsia o incluso prescindir de ella, y tratar de localizar a familiares o médicos clínicos para que certifiquen la causa de la muerte; y qué medidas se adoptan por los IML y quiénes son las personas responsables legalmente de ellas, en relación a la entrega de cadáveres a funerarias: control, comprobación de identidades, familiares y registro de ello».
Solicitud a Marruecos sobre el posible tráfico de órganos
La causa de los cadáveres de inmigrantes tiene una doble vertiente internacional: la supuesta colaboración de funcionarios de los consulados de Marruecos y Argelia con la trama para hacerse con adjudicaciones de repatriaciones, gracias al acceso a ellos por parte de Rachid S., marroquí afincado en Murcia; y la supuesta implicación de esta persona, considerada el cabecilla de la red (la Guardia Civil le intervino 60.000 euros en metálico), en el enterramiento de restos humanos y en el tráfico de órgano humanos en su país de origen. Tras la reciente exhumación del cadáver de un marroquí enterrado en Cartagena, el juez ha pedido que, a través de Interpol, la Policía de Marruecos amplíe su denuncia sobre estos últimos hechos y su «posible relación con España».
