El Gobierno regional pide al Ministerio que cambie la ley de derechos del Mar Menor
La Consejería de Medio Ambiente insta a Ribera a que atienda las recomendaciones del Consejo de Estado, antes de aprobar el reglamento, para evitar la inseguridad jurídica y un retroceso en la protección del ecosistema
Por tercer día seguido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantuvo este sábado su silencio sobre el dictamen del Consejo de Estado relativo al reglamento de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor y de su cuenca. Como adelantó en exclusiva este sábado LA VERDAD, en un informe preceptivo aunque no vinculante, el órgano consultivo sugiere al Gobierno central que antes de aprobar el reglamento de desarrollo de la ley -lo que la ministra Teresa Ribera prevé proponer al Consejo de Ministros el próximo martes– promueva la modificación de esa norma, preferentemente a través de las Cortes Generales, porque la actual redacción no garantiza la seguridad jurídica y la eficacia de sus objetivos.
El Consejo observa, entre otros problemas, «indefinición» sobre «la clase de persona jurídica» que es la laguna y sobre el régimen jurídico de su Tutoría, compuesta por tres órganos de representación.
Tras conocer por este diario el contenido del dictamen, y a la espera de conocer el texto de manera oficial, el Gobierno regional pidió públicamente que el Gobierno central «no apruebe el real decreto hasta que no resuelva las graves deficiencias identificadas» por «el supremo órgano consultivo del Gobierno de España». Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que dirige Juan María Vázquez, reclamaron al Ministerio que introduzca los cambios necesarios para que el texto «alcance la seguridad jurídica», y que se haga además «en el marco jurídico correspondiente». «De no hacerlo. la inseguridad jurídica redundaría en detrimento de la protección», advirtió.
En el Gobierno de Fernando López Miras aseguraron que de mantener la ley en sus términos actuales «podría tener efectos contrarios al que se pretende, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con otras normas de diferente naturaleza». Y afirmó que «los reparos del Consejo de Estado» desvelados por este periódico «coincidirían en su esencia con las alegaciones» al proyecto de reglamento presentadas por el Gobierno regional el año pasado. «Ninguna de las alegaciones fue atendida», lamentaron en la Consejería.
Alegaciones rechazadas
Detallaron que la primera observación se refirió «a la definición del marco jurídico de la personalidad del Mar Menor, es decir, a qué figura jurídica de las existentes se asocia el Mar Menor, ya que el funcionamiento de cada una de ellas está ya regulado». «En concreto, pedíamos que el texto del Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, concretara qué tipo de forma jurídica va a ir asociada».
Asimismo, el Gobierno regional se pronunció sobre el papel de los promotores de la ILP, «ya que en el borrador del reglamento se reservan seis años de pertenencia al 'comité de representantes' del Mar Menor, sin que esto parezca estar justificado». El Consejo de Estado también lo considera una «anomalía» y un riesgo de «patrimonialización» por parte del equipo liderado por la catedrática de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente. Ésta declinó pronunciarse sobre este asunto, hasta acceder al texto del dictamen.
El Ejecutivo autonómico también trasladó al Ministerio cuestiones de su proyecto que le parecían «inconcretas». Citaron «la elegibilidad de los representantes del Mar Menor, el régimen de los servidores públicos que formen parte de dichos órganos de gobierno y la total ausencia de la dación de cuentas de las actividades de la personalidad jurídica del Mar Menor».
Vélez ve «comprensible algún ajuste»
Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, afirmó que «de tener que producirse algún tipo de ajuste», este «sería comprensible dada la complejidad del gran paso que estamos dando». Habló de un «hito» porque «el Mar Menor es el primer ecosistema en España al que se le ha reconocido personalidad jurídica propia» y porque «España se ha situado a la vanguardia internacional en materia de protección ambiental». «El Mar Menor servirá de referencia para muchos otros ecosistemas amenazados en España y Europa», destacó.
«Debemos ver este momento con perspectiva, para ser conscientes de su trascendencia. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era en la protección y defensa de los ecosistemas y espacios naturales en nuestro país», manifestó el también diputado y portavoz socialista en la Asamblea Regional. Y remarcó que «lo importante es que tenemos un Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, comprometido con la recuperación y la protección del Mar Menor» y sin cuyo apoyo la ILP «no se habría convertido en ley».
Podemos ve «trabas» del propio Gobierno central
El coordinador regional de Podemos y diputado nacional Javier Sánchez Serna expuso que espera «que puedan resolverse tanto estas pegas del dictamen del Consejo de Estado como las trabas evidentes que están poniendo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero». «Nadie entendería que ahora sea el propio Gobierno y un sistema de justicia anquilosado los que entorpecieran el desarrollo de esta ley», agregó. Y apostó por crear el Parque Regional del Mar Menor, como «solución compatible, definitiva e integral».
Pacto por el Mar Menor espera rapidez en las soluciones
Y fuentes de la organización ciudadana Pacto por el Mar Menor indicaron que han pedido «un estudio en profundidad de este informe del Consejo de Estado, para evaluar si es necesario o no hacer alguna modificación de la ley; que de producirse ésta, se haga lo antes posible; y que si se introduce algún cambio, sea para mejorar la ley». «Confiamos en el buen hacer del Miteco», añadieron en el colectivo cuyo portavoz es Ramón Pagán.
