El Consejo de Estado sugiere a Ribera que cambie la ley de derechos del Mar Menor
Avisa al Ministerio de que no está definida la «clase de persona jurídica» que es la laguna y recomienda variar la norma antes de aprobar su reglamento
El Consejo de Estado ha sugerido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que promueva una reforma de la ley de reconocimiento ... de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca antes de aprobar su reglamento de desarrollo, para evitar problemas de constitucionalidad y de eficacia. Según ha acreditado LA VERDAD, en un dictamen preceptivo pero no vinculante, el órgano consultivo advierte al Ministerio de Teresa Ribera de que debe respetar «este orden lógico» y completar la ley, porque esta plantea distintas «dificultades». La principal es la «indefinición de la naturaleza jurídica» de la laguna y «el régimen jurídico aplicable» a ella y a la cuenca, «en tanto que ente personificado».
«La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, debería ser completada antes de que se aprobase la regulación proyectada; o lo que es lo mismo, las Cortes Generales, como representantes del pueblo español (artículo 66.1 de Constitución), deberían definir la clase de persona jurídica que es el Mar Menor y los elementos nucleares de su régimen jurídico, para que el Gobierno pudiese ejercer su potestad de desarrollo reglamentario (artículo 97 de la Constitución) en un marco normativo claro y preciso, dotado de cierta garantía de estabilidad jurídica», sostiene el Consejo de Estado.
Esta institución abre la puerta a que las variaciones de la ley sean resueltas directamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (de coalición entre el PSOE y Sumar) mediante «disposiciones reglamentarias; esto es, matizando ciertos aspectos del proyecto en el sentido indicado por el presente dictamen, antes de su elevación al Consejo de Ministros».
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En todo caso, el Consejo advierte de que, de no resolverse este «vacío normativo», pues la ley aprobada «no trata ni expresa ni implícitamente» qué tipo de persona jurídica es la laguna, «podrían producirse incongruencias dentro del grupo normativo». Ello puede «poner en peligro el principio de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado y la propia eficacia de esta novedosa técnica de protección de la naturaleza».
El Consejo recomienda que las Cortes completen la ley; Ribera prevé llevar el reglamento al próximo Consejo de Ministros
La ley, que entró en vigor el 3 de octubre de 2022 tras su autorización por el Congreso de los Diputados y el Senado, fue impulsada por una histórica Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió casi 640.000 firmas. Fue a través del grupo promotor de la ILP, impulsado por la catedrática de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente.
Pegas de otros dos ministerios
El Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente aprobó el jueves el dictamen sobre el proyecto de real decreto promovido por el Ministerio, «comparte la preocupación del legislador por el estado ambiental del Mar Menor, que subyace a su decisión de personificarlo». Pero recalca la importancia de garantizar la sujeción de la ley a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como a las normas de la Unión Europea.
«La medida propuesta no surtirá los efectos que se persiguen con ella si no cuenta con una disciplina legal clara y precisa que defina todos los elementos nucleares del régimen jurídico aplicable al Mar Menor en tanto que entidad personificada, sentando las bases que harán posible un desarrollo reglamentario ordenado de sus previsiones», explica el Consejo de Estado, que preside Magdalena Valerio, exministra socialista de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Entre los «problemas» que detectó este organismo, tras analizar la propuesta de reglamento del Ministerio que dirige la también vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera, se menciona la Tutoría de la laguna. «La norma proyectada no podrá especificar la naturaleza jurídica de la Tutoría del Mar Menor en tanto que sistema de gobernanza de la laguna y su cuenca, hasta que la ley no concrete la naturaleza jurídica del Mar Menor en tanto que entidad personificada», dice el Consejo. E indica que ello abarca «las reglas de Derecho público y/o privado a las que estará sujeta» la Tutoría.
El órgano consultivo avisa del posible «peligro» para la seguridad jurídica y la eficacia en la protección de la naturaleza
El artículo 3 de la ley que reconoce derechos al Mar Menor establece que habrá un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico, así como el número de componentes y su procedencia (instituciones, colectivos ciudadanos y ecologistas, universidades...).
El Consejo explica que, en octubre de 2023, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del Ministerio de Presidencia (que dirige Félix Bolaños) señaló «problemas teóricos y prácticos derivados de la falta de concreción de la personalidad jurídica del Mar Menor y de su Tutoría» en la ley, norma añadida a la de protección y recuperación de la laguna de la Comunidad Autónoma, del año 2020. Presidencia se refirió a dificultades en la redacción del texto que salió de las Cortes como «centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas» y de la sujeción» de la Tutoría al ordenamiento jurídico privado. El Ministerio de Bolaños, quien ahora lleva también el de Justicia, planteó cambios.
También en octubre, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, manifestó que «pese al silencio que la norma proyectada guarda a este respecto, el departamento proponente parece querer articular la Tutoría del Mar Menor como un organismo de naturaleza jurídico-privada». Y eso, entiende, exige modificaciones para adecuarla la legislación de contratos públicos, así como en su composición, funciones, régimen de funcionamiento y otras cuestiones.
Silencio oficial y recurso de Vox
El Ministerio declinó informar a este diario sobre el dictamen y aclarar si seguirá sus recomendaciones y por qué vía. Fuentes de Transición Ecológica solo señalaron que la propuesta de reglamento irá «previsiblemente» al próximo Consejo de Ministros, que en principio será este martes 30 de enero. Y aseguraron que la competencia para informar del dictamen es del Consejo de Estado. Fuentes de esta institución lo negaron y aseguraron que la «potestad» es «siempre» de la institución que consulta al Consejo.
Al margen del reglamento, está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad de la ley presentado por Vox en enero de 2023.
Podemos pide «resolver estas pegas»
Este sábado, coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirmó: «Esperamos que puedan resolverse tanto estas pegas que pone el dictamen del Consejo de Estado como las trabas evidentes que están poniendo tanto el ministro de Justicia Félix Bolaños como la ministra de Hacienda María Jesús Montero».
«Ya vamos tarde para proteger el Mar Menor y nadie entendería que ahora sea el propio Gobierno y un sistema de justicia anquilosado los que entorpecen el desarrollo de esta ley. Además es totalmente compatible con otra solución, definitiva e integral, que siempre hemos defendido desde Podemos, como es la creación del Parque Regional del Mar Menor», añadió.
Pacto por el Mar Menor solicita un estudio
Fuentes de la organización ciudadana Pacto por el Mar Menor indicaron que han pedido «un estudio en profundidad de este informe del Consejo de Estado, para evaluar si es necesario o no hacer alguna modificación de la ley; que de producirse ésta, se haga lo antes posible; y que si se introduce algún cambio, sea para mejorar la ley». «Confiamos en el buen hacer del Miteco», añadieron.
El papel de los impulsores de la ILP, una «anomalía» que debería ser corregida
«Conferir cierta capacidad de influencia sobre la composición de los órganos encargados de garantizar la recta observancia de la Ley a quienes en su momento promovieron su aprobación puede conducir a una patrimonialización del sistema de gobernanza instituido por el texto normativo». Y ello «repercutiría negativamente en su aplicación y, por consiguiente, en la tutela ambiental del Mar Menor», advierte el Consejo de Estado al Ministerio para la Transición Ecológica. Y ve «muy recomendable» «que se valore detenidamente la oportunidad de impulsar un proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, que desvincule la composición inicial del Comité de Representantes y, sobre todo, la composición -inicial y sucesiva- de la Comisión de Seguimiento de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular».
El Consejo alude así al equipo de la catedrática de la UMU Teresa Vicente, cuya presencia en el Comité de Representantes garantiza la ley hasta el año 2027.
A juicio del Consejo, «la subsistencia de la Comisión Promotora de una iniciativa legislativa popular tras el debate plenario sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada constituye una anomalía carente de justificación que debiera ser corregida». Añade que dicha Comisión «inevitablemente va a verse menguada con el tiempo como consecuencia de las bajas que se produzcan por renuncia voluntaria, incapacidad o fallecimiento de sus actuales miembros, como acertadamente ha puesto de relieve la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa», del Ministerio de Presidencia.
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