La fiscal insiste a la Audiencia en que debe ser intervenida la desaladora de Escombreras

La fiscal María Isabel Neira, que impulsa las investigaciones sobre una presunta malversación millonaria de fondos públicos en la construcción y posterior adquisición de la desalinizadora de Escombreras por parte de la Comunidad Autónoma, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia insistiendo en la necesidad de nombrar un administrador judicial para estas instalaciones. Con ese recurso trata de que el tribunal revoque la resolución recientemente dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, quien consideró que en estos momentos no tiene sentido adoptar esa medida cautelar, toda vez que los gestores contra quienes se dirigen las actuaciones judiciales fueron cesados años atrás. A ello se suma, en su opinión, que se debe evitar causar interferencias en el normal funcionamiento de la planta, cuyos caudales a día de hoy imprescindibles para mantener la actividad en muchas explotaciones agrícolas.

La fiscal discrepa de los argumentos de la magistrada y pone de relieve su sorpresa por ese último razonamiento, «ya que nadie ha pedido el cese o la suspensión de actividades de la desaladora, por lo que no se entiende que aquello que no se pide pueda servir de base para denegar la medida».

Por lo que se refiere al cambio de los gestores por parte de la Administración regional, que la representante del Ministerio Público califica de «extemporánea», estima que con ello «no se subsanan los efectos derivados de las conductas presuntamente delictivas». A la vez, resalta que desde la Comunidad no se ha acreditado que se haya producido «una modificación real» en la forma de administrar la planta ni frente a los compromisos que tiene adoptados.