Dos de los dueños de Ricardo Fuentes asumen el fraude en el caso de la venta de atún ilegal

Este pacto, aún por sellar ante el Juzgado central número 3 de Madrid, será refrendado por siete de los acusados. En el caso de los hermanos Juan Pedro y José Fuentes García el Ministerio Público contempla penas de cárcel que suman un año, 10 meses y 28 días, lo que no implicaría su entrada en prisión. Los empresarios deberían asumir delitos de falsedad documental, contra la salud pública e integración en grupo criminal. Ambos se comprometen además a desembolsar 143.200 euros cada uno en multas. En el pacto la Fiscalía ha aplicado una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El supuesto acuerdo llega después de que la magistrada María Tardón dictase un contundente auto en el que encaminaba a juicio a ocho personas y doce empresas, entre ellas el Grupo Ricardo Fuentes, por hasta ocho supuestos delitos en la presunta comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos con ese negocio.

En el acuerdo suscrito con la Fiscalía, sin embargo, los hermanos Fuentes solo asumen los tres delitos citados y la empresa queda fuera. Son los dirigentes de la misma los que responden a título personal.

La actividad de este grupo, según explica el escrito de conformidad, se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente. Otra parte se realizabade manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano. «Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y origen trazable y el atún de procedencia ilícita y de origen desconocido fue ideada por los hermanos Fuentes para dificultar la detección del fraude», subraya el escrito, que ambos asumen.

La Fiscalía también hace hincapié en «la ingente cantidad de dinero sin declarar» que manejaban los hermanos Fuentes, procedente de esa parte ilegal del negocio. Para el cobro de los pedidos en efectivo, la empresa recurría a aquellos transportistas que consideraban que eran «de confianza», pero también lo hacÍan personalmente. Para encubrir esos tejemanejes, los empresarios utilizaban documentos falsificados y, una vez que vendían la mercancía, «para minimizar las posibilidades de que se descubriesen todas estas falsedades documentales se indicaba a los compradores que destruyesen la documentación que les habían facilitado junto con el producto».

El Ministerio Público hace hincapié en su escrito en que «la comercialización de atún rojo obtenido de la pesca ilegal y acompañado de documentación falsa, no solo genera un impacto en el medio ambiente y la conservación de la especie, sino también conlleva riesgos para la salud del consumidor».

«Este es un procedimiento que se inició hace más de 7 años y durante el que se nos ha acusado de muchas cuestiones que, como ha quedado demostrado, nada tienen que ver con la realidad», remarcó la firma en un comunicado. Incidió en que la condena derivada de este acuerdo «no supone ninguna limitación en nuestra actividad empresarial» y subraya que «no la ha habido en ningún momento del proceso -de hecho el grupo como entidad jurídica quedó fuera hace meses- y no la habrá en el futuro».

Ricardo Fuentes incidió en que «ante un proceso que apuntaba a alargarse todavía al menos dos años (...) la prioridad ha sido encontrar una solución conjunta cuanto antes con el objetivo de evitar más juicios paralelos injustos».

«Ha quedado demostrado que, como siempre hemos defendido, nuestros productos han ofrecido y ofrecen todas las garantías para los consumidores», remarcó la firma. «La seguridad alimentaria está y ha estado siempre asegurada». La firma cartagenera quiso enfatizar que «ninguno de nuestros atunes ha generado nunca ningún problema de salud alimentaria y todos los análisis e informes realizados sobre nuestros productos han reafirmado que cumplimos los máximos estándares de calidad».