Borrar
José Antonio Fernández Lladó, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM
El Gobierno regional cesa al director de Carreteras tras ser arrestado por falsificación

El Gobierno regional cesa al director de Carreteras tras ser arrestado por falsificación

Fernández Lladó confesó a la Guardia Civil haber pedido un favor irregular a un empleado municipal de Alguazas, con lo que solventó un problema fiscal que le acuciaba

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Miércoles, 2 de febrero 2022

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Un favor de apariencia ilegal, que requirió y obtuvo de un funcionario del Ayuntamiento de Alguazas, le ha acabado costando el cargo al director general de Carreteras de la Comunidad Autónoma, José Antonio Fernández Lladó, y verse inmerso en una investigación judicial por un presunto delito de falsedad documental, entre otros posibles cargos.

Este alto cargo de la Administración Regional, integrado en la Consejería de Fomento e Infraestructuras que dirige José Ramón Díez de Revenga, fue arrestado el martes por la mañana, en el contexto de una investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil por una presunta trama de corrupción en el centro penitenciario de Sangonera la Verde.

Aunque fuentes próximas a este operativo confirmaron a LA VERDAD que Fernández Lladó no tiene relación alguna con las supuestas estafas y las sospechas de trato de favor en las que habría incurrido un empleado de prisiones a cambio de supuestas entregas de dinero, sí es cierto que se vio casualmente señalado por otros hechos presuntamente ilícitos de naturaleza bien diferente.

El ya ex alto cargo se mostró colaborador y confesó el manejo en el que se había implicado

«Se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado», resumía ayer una fuente de toda solvencia. En apariencia, los agentes de la Benemérita tenían intervenido -con la preceptiva autorización judicial- el teléfono móvil del funcionario de Sangonera la Verde y, en un momento dado, de manera casual, les llegó por esa vía algunos datos relativos a unos manejos de apariencia ilegal en los que estaría inmerso el director general de Carreteras.

Presunta falsificación

En concreto, las informaciones apuntaban a que Fernández Lladó se había encontrado con algún problema fiscal y, presuntamente, había recurrido a un funcionario del Consistorio de Alguazas para que le echara una mano y poder solventar el asunto. El favor habría consistido en la elaboración o falsificación de algún documento oficial, siempre según las fuentes mencionadas, lo que justifica el hecho de que ahora ambos estén siendo investigados por presunta falsedad documental y prevaricación.

Tras ser arrestado este martes, el todavía director general de Carreteras prestó declaración ante los guardias civiles y se mostró colaborador, hasta el extremo de que habría llegado a reconocer los hechos presuntamente delictivos que se le atribuían. Después quedó en libertad con cargos, a la espera de que le citara el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia para conocer si ratificaba sus explicaciones. Ayer, tras comparecer ante el magistrado Juan Miguel Ruiz, que coordina esta investigación, quedó en libertad con cargos.

Se da la circunstancia de que Fernández Lladó fue alcalde de Alguazas y sigue siendo el presidente local del Partido Popular, lo que explicaría su estrecha relación con el sospechoso de ayudarle ilícitamente, pues además de empleado municipal es en apariencia militante de ese partido.

Reacción fulminante

Nada más tener conocimiento por los medios de comunicación de la detención de este alto cargo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, el Ejecutivo de López Miras emitió un comunicado para informar del cese fulminante de Fernández Lladó, al estimar que la investigación policial en la que está implicado es «incompatible con la exigencia ética del Gobierno regional».

Noticia Relacionada

Además de Fernández Lladó y el empleado público de Alguazas que le prestó su ayuda, en este procedimiento judicial están encausados hasta el momento el citado funcionario de prisiones, otro funcionario de la Agencia tributaria y otras dos personas de las que no han trascendido más datos. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó de que las diligencias están abiertas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal. Y señaló que deberá individualizarse la responsabilidad de cada uno de los investigados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios