La alcaldesa de Alguazas se enteró «por el periódico»
El PSOE acusa al Ejecutivo regional de ser «una trama corrupta» y una «absoluta desvergüenza»
Como un auténtico jarro de agua fría cayó ayer la noticia sobre la detención de José Antonio Fernández Lladó entre el PP de Alguazas. La primera sorprendida fue la propia alcaldesa, Silvia Ruiz Serna, quien afirmó que se enteró de lo sucedido «por el periódico». Dijo desconocer qué asunto es el que su predecesor al frente de la alcaldía despachó por teléfono con el funcionario implicado en la trama carcelaria e hizo un llamamiento a la «presunción de inocencia y a no realizar juicios paralelos».
No obstante, la regidora anunció que «de forma inmediata» ordenará el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos. Ruiz Serna añadió que desconoce «la conexión del funcionario del ayuntamiento» con la prisión de Sangonera, por lo que aseguró estar «desconcertada». José Gabriel García Bernabé, socio de gobierno de los populares, dijo desconocer los hechos aunque matizó que, de corroborarse, será inflexible a la corrupción.
Por su parte, la vicesecretaria general y portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, exige al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que «den explicaciones» sobre la detención de Fernández Lladó. La portavoz socialista denuncia que «el Gobierno regional y el PP son una trama corrupta, no lo pueden evitar, es la única manera que conocen de gestionar y hacer política, son una absoluta desvergüenza». Carmina Fernández critica que el Gobierno de López Miras «vuelva a manchar la imagen de la Región de Murcia con una nueva trama de corrupción en la que está inmerso un alto cargo de su Ejecutivo».
El PP asegura que la detención de Fernández Lladó es un asunto «personal y privado»
Podemos pide explicaciones
Podemos exige la comparecencia pública del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga: «Exigimos que comparezca y explique de qué va todo este escándalo», demanda el diputado regional Rafael Esteban, quien cree que «el Gobierno regional y la Consejería deben una explicación a la ciudadanía».
El Partido Popular se defiende asegurando que «los hechos que se están investigando se circunscriben única y exclusivamente a la esfera personal y privada de José Antonio Fernández Lladó y en ningún caso tienen relación con su actuación al frente de la Dirección General de Carreteras ni tienen relación alguna con el Gobierno regional ni con el Partido Popular».
