Un año de descrédito político en la Región tras la fallida moción de censura

Un año se cumple de aquel terremoto político que sacudió toda España y que dio inicio a una serie de acontecimientos que han degradado la vida pública, el prestigio de las instituciones y la reputación de la Región. Según el cristal desde el que se mire, unos tendrán más culpa que otros, pero nadie puede sentirse orgulloso de lo sucedido desde marzo de 2021. Este es el relato de los sucesos más polémicos, a veces sonrojantes, de los últimos 365 días.

La moción de censura es un instrumento democrático y legítimo, que se contempla en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No es la Región el primer lugar donde se usa ni será el último. Lo cuestionable es el momento en el que se presentó. El 10 de marzo de 2021, Salud informó de siete fallecidos por Covid, con 58 pacientes en UCI. Además, la moción se cocinaba desde al menos un mes antes, en lo peor de la tercera ola, cuando la cifra de muertos diarios llegaba a superar las tres decenas. A eso se le añade el drama económico, con miles de negocios al borde de la quiebra por las restricciones sanitarias, que también recortaban derechos fundamentales de las personas, sujetas a un toque de queda. Saber que en tales circunstancias los políticos se dedicaban a repartirse el poder con negociaciones secretas resultó poco edificante para la ciudadanía, como así demostraron las encuestas publicadas aquellos días. En el caso de Cs, romper de la noche a la mañana pactos firmados transmitió falta de seriedad, más en la Región, donde unos días antes de aliarse con el PSOE ultimaba con el PP una remodelación de gobierno, los presupuestos y un favor a López Miras en forma de eliminación de la limitación de mandatos. El colmo fue ver en vivo que lo que se vendía como una jugada de grandes estrategas, tenía en verdad tanta improvisación como cabos sueltos.

El 11 de marzo, López Miras se mostraba en público resignado a perder el sillón. Era una pose, porque sabía perfectamente que Teodoro García Egea estaba a punto de darle la vuelta a la tortilla. El PP logró retener San Esteban, pero con un alto coste de imagen. Que Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez se desmarcaran tan rápido de la moción de censura en la que estamparon su firma dio pie a sospechas de prebendas y compra de voluntades. PSOE y Cs no desaprovecharon la ocasión para hacer sangre. «Se venden por 76.000 euros y un coche oficial», sentenció Ana Martínez Vidal. No obstante, las querellas presentadas por presunto cohecho no han encontrado recorrido judicial.

No hubo tregua en el debate de la moción de censura en la Asamblea. «Por La Glorieta corren ¡maletines!, ¡maletines!, ¡maletines!, ¡maletines!», gritaba, fuera de sí, el líder del PSRM, Diego Conesa. Juan José Molina (Cs) llamó «sinvergüenzas» a sus excompañeros tránsfugas y María Marín (Podemos) se acordaba de Clint Eastwood en 'Sin perdón' para preguntarse «quién es el dueño de esta pocilga». Un espectáculo ante los ojos de todos los españoles, pues el debate generó interés nacional, tras el enredo que había provocado Murcia en otras comunidades. Lo peor es que los insultos y la falta de decoro (peinetas incluidas) llegaron para quedarse. Hasta en una sesión de puro trámite como la que se celebró el pasado miércoles, se respiró mal ambiente en la Cámara.

La moción de censura murió oficialmente a las dos de la tarde del 18 de marzo. 21 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Pero el bochorno no terminó ahí. Horas después de la votación, LA VERDAD reveló en exclusiva el acuerdo secreto del PP con los tres expulsados de Vox, que hasta última hora pusieron nerviosos a los populares. El pacto convertía a Mabel Campuzano en consejera de Educación y Cultura. Se quedó un Gobierno de nueve miembros, de los que cinco se encontraron huérfanos de partido político por haber sido apartados de las organizaciones que los incluyeron en las listas electorales. Campuzano empezó enseguida a dar titulares al confesar que no tenía intención de vacunarse contra la Covid-19.

Murcia celebraba a medio gas las Fiestas de Primavera, pero en Cartagena estaba la verdadera pirotecnia. Álvarez, Franco y Miguélez convocaron una reunión en la Asamblea y, con la colaboración de Alberto Castillo y en presencia de un notario, tomaron el control del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para lo cual Álvarez tuvo que dimitir como consejero tras menos de un mes en el cargo. La operación era clave para que la nueva mayoría que respaldaba al Gobierno pudiera llevar la batuta en el Parlamento hasta final de legislatura. Martínez Vidal y Molina, los dos únicos leales de Cs, quedaron arrinconados en el grupo que llevaba el nombre de la formación naranja. Acabaron en el Grupo Mixto con Podemos. Este partido vino a pagar el pato de la operación al verse obligado a compartir espacio, recursos y visibilidad.

López Miras, Isabel Franco, Valle Miguélez, Francisco Álvarez y Alberto Castillo fueron declarados «tránsfugas» por un dictamen de una comisión de expertos designada por el Pacto Antitransfuguismo para analizar el caso de la Región. Los afectados restaron valor al informe, pues veían claramente en él la mano de sus adversarios políticos. De hecho, uno de los ponentes fue cargo público de IU. Pero por toda España resonó que el jefe del Ejecutivo de la Región, la vicepresidenta y el presidente del Parlamento -nada menos- eran declarados oficialmente tránsfugas.

El PP aprovechó la mayoría absoluta de facto que se encontró en la Cámara y cumplió uno de sus principales anhelos de la presente legislatura: suprimir la limitación de mandatos en la Ley del Presidente, obstáculo para que López Miras opte a una reelección más en 2023. De esta forma, se incumplía el pacto PP-Cs de 2019, al que se invocó el día de la famosa comparecencia de Miras y Franco en San Esteban. Este hablaba de establecer en ocho años el tiempo máximo que puede permanecer un presidente. Lo que hizo el PP, con la ayuda de sus nuevos aliados, fue suprimir de un plumazo esta barrera, acabando así con una medida con vocación regeneradora que impulsó Alberto Garre durante su breve estancia en San Esteban.

También recibió un aplauso general el acuerdo por unanimidad para la reforma del Estatuto de Autonomía que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos rubricaron como epílogo de la IX Legislatura. Dos años después, el histórico consenso se fue al traste. PSOE, Cs y Podemos presentaron durante la tramitación en el Congreso enmiendas que proponían reinstaurar la limitación de mandatos y establecer medidas contra el transfuguismo. El PP consideró que esto suponía violar el espíritu de la reforma. Aplicando el rodillo parlamentario, populares y sus socios modificaron de forma exprés el Reglamento de la Asamblea y, también en tiempo récord, exigieron a las Cortes Generales la devolución de la reforma estatutaria. El Pleno en el que se realizó la votación mostró un hemiciclo desangelado, pues los diputados de PSOE y Grupo Mixto decidieron ausentarse en protesta por lo que consideraron «un atropello democrático». Así, la Región no celebrará este junio el cuarenta aniversario de su autonomía estrenando un Estatuto que al principio todos avalaron.

La crisis de gobierno motivada por los problemas entre los expulsados de Vox es el capítulo más reciente de este peculiar año. Mostró a todas luces que la estabilidad del Ejecutivo regional, con esa mezcla de sensibilidades entre sus integrantes y sus aliados, pende de un alfiler. Mabel Campuzano percibió interferencias de sus compañeros Liarte y Carrera, por lo que dio un golpe en la mesa destituyendo al director del ICA, José Ramón Palazón, amigo de Carrera y de la órbita del PP. Miras adoptó una decisión salomónica: dejó a Campuzano en Educación y endosó las competencias de Cultura a Marcos Ortuño, dando a Liarte y Carrera autoridad para poner gente de su confianza al frente de la gestión cultural. En cuanto a José Ramón Palazón, en el Consejo de Gobierno del pasado jueves se le recolocó en la Consejería de Hacienda. Un buen cierre de este año para el olvido.