El Ente Público del Agua contrató hasta 10 asesores para la desaladora y prescindió de los controles oficiales

Fue el pasado octubre cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que coordina el llamado 'caso La Sal', emitió una resolución en la que instaba a DE y Esamur a informar acerca de varias cuestiones relacionadas con la instalación de Escombreras. Una de ellas, en concreto, consistió en reclamar «los expedientes íntegros de contratación de asesores externos del Ente Público del Agua (EPA), tanto jurídicos como fiscal y contable o cualesquiera otros que se hayan suscrito por el mismo, a los efectos de conocer quién los autorizó, suscribió, fechas, importes y motivos justificados para ello y si el EPA hizo uso de asesoramiento interno, en las mismas materias y por los respectivos servicios de la CARM».

El mero planteamiento de esta cuestión por parte de la magistrada Azuar ya desvela su interés por conocer si, como se viene sosteniendo desde la Fiscalía desde el origen de esta investigación, desde el EPA se utilizaron especialistas externos en materia legal, fiscal y contable, entre otros ámbitos, para justificar -al margen de los servicios de la propia Administración regional- la adquisición de la planta desalobradora a sociedades del Grupo ACS.

En virtud de la respuesta remitida al juzgado, resulta evidente que la instructora se va a quedar sin respuesta a un buen número de las cuestiones que planteaba. Al menos por el momento. Y es que el informe remitido por DE y Esamur deja constancia de que fueron hasta una decena los asesores externos que intervinieron en ese proyecto, pero en la inmensa mayoría de los casos no se ha localizado expediente alguno de contratación. Con lo cual resulta imposible conocer la justificación a sus servicios y quién decidió su intervención, entre otros datos de interés.

Lo que sí ha quedado de relieve es que estos órganos públicos, creados desde la Consejería de Agricultura que presidía Antonio Cerdá, gastaron entre los años 2006 y 2014 cientos de miles de euros en asesoramiento externo, prescindiendo de la labor que podrían haber prestado entes públicos como la Intervención General de la Comunidad Autónoma, los Servicios Jurídicos, el Consejo Jurídico... Ninguno de estos servicios fue consultado sobre operaciones clave en el proceso de adquisición de la desaladora, por lo que el informe de DE y Esamur se limita a ofrecer una respuesta genérica acerca de que «desde su creación, el EPA y sus sociedades participadas, Hidronostrum y DE, estuvieron sometidas a control y supervisión tanto por parte de la Intervención General de la CARM como del Tribunal de Cuentas». Igualmente, deja constancia de que «los consejos de administración del EPA e Hidronostrum siempre contaron entre sus miembros con representantes de diferentes consejerías».

Pero eso, en realidad, no ofrece respuesta alguna a lo que planteó la juez Azuar, quien expresamente reclamaba información sobre si los servicios oficiales de la Comunidad asesoraron o no sobre las mismas cuestiones que las firmas privadas que actuaron externamente.

En función de este informe, sí queda de manifiesto que fueron al menos una decena los asesores externos que intervinieron en el proceso de adquisición de la planta desalobradora y en su posterior explotación, que acabó suponiendo para las arcas públicas un compromiso de pago de 600 millones de euros en 25 años. Y también desvela que el coste económico fue muy elevado, ya que esos trabajos de consultoría implicaron pagos muy por encima del millón de euros.

La parte del león de esos cargos contra las arcas públicas se la embolsó el abogado Andrés Arnaldos, actualmente investigado en las diligencias del 'caso La Sal', con casi medio millón de euros percibidos por asesoramiento «en derecho financiero, administrativo, mercantil, empresarial, laboral, sancionador, civil, inmobiliario y tributario, por la redacción de contratos» y por sus labores como secretario general del EPA.

Le sigue a gran distancia el despacho legal Ariño y Villar Abogados, que percibió más de 200.000 euros entre 2006 y 2008 por asesoramiento jurídico y por la redacción de un libro sobre Derecho de Aguas. Las otras ocho firmas contratadas para labores de consultoría contable, fiscal y laboral recibieron pagos de entre 6.500 y 91.000 euros. Llama especialmente la atención que los representantes de DE y Esamur no hayan podido localizar expediente de contratación alguno relativo a Ariño y Villar Abogados y a Andrés Arnaldos, como tampoco respecto de la mayoría de las otras firmas.

Las distintas partes representadas en las diligencias deberán ahora analizar si todos estos pagos estaban justificados o si esa labor pudo ser asumida perfectamente por los especialistas de la Administración regional.