La Comunidad anula el contrato por el que Arnaldos le facturó 1,2 millones

La Consejería concluye que el abogado se autocontrató como letrado para defender a DE de las demandas de firmas del Grupo ACS

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El abogado Andrés Arnaldos ejercía como administrador mancomunado de Desaladora de Escombreras (DE) cuando en 2012 recibió el 'encargo' de esta firma pública para asumir su defensa legal frente a las demandas multimillonarias que sociedades del Grupo ACS, en concreto Hydromanagement y Tedagua, habían interpuesto por los impagos de la Administración regional. Aunque formalmente fue el otro administrador mancomunado, José Manuel Ferrer, quien suscribió el contrato con Arnaldos actuando en calidad de consejero delegado de DE, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha concluido recientemente que ese compromiso es nulo de pleno derecho.

La principal consecuencia de esta resolución es que el abogado Arnaldos no podrá cobrar -al menos sin pleitear- los casi 1,2 millones de euros que reclamó en marzo de 2017 como minutas por haber asumido la defensa del ente público frente al Grupo ACS. Para justificar tan elevadísimos honorarios aplicó los criterios orientativos del Colegio de Abogados a los importes reclamados por Hydromanagement, que demandaba el pago de más de 7,5 millones por créditos pendientes, y de Tedagua, que en su demanda cifró inicialmente en más de 570 millones la cuantía que debería abonarle la Administración regional.

Estos honorarios son calificados ahora, en el expediente abierto por la Comunidad, como «improcedentes sin paliativos, por muchos sustanciales descuentos que el señor Arnaldos dice aplicar».

Al concertar los servicios del letrado «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido»

La apertura de un procedimiento de revisión de oficio, dirigido a declarar la nulidad de pleno derecho de ese contrato entre DE y Arnaldos, ha concluido con la constatación de que el abogado se autocontrató irregularmente para esa labor, ya que como asesor y administrador de la sociedad pública tenía unos deberes y responsabilidades, «y no podía contratarse a sí mismo, tampoco indirectamente, a través de un apoderado».

Más todavía, en esa función de asesor debía de haber alertado a DE de que existía el riesgo de que un letrado -como él acabó haciendo- presentara una minuta descomunal en virtud de las cantidades reclamadas en las demandas del Grupo ACS. Como también debía haber asumido el deber, ya como administrador mancomunado, de fijar «unos honorarios moderados y competitivos» por la representación legal de DE.

«Sin embargo, el señor Arnaldos no hizo lo uno ni lo otro, sino que entró como contraparte en la relación jurídica y se benefició objetivamente de la relación de indeterminación por él mismo creada», concluye el instructor del expediente.

Además, se considera acreditado que en la contratación «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido».