La Intervención tardó casi una década en acceder a documentos relevantes de la planta de Escombreras

Policías judiciales, durante un registro en la planta desaladora de Escombreras en mayo de 2016. / antonio gil / agm
Policías judiciales, durante un registro en la planta desaladora de Escombreras en mayo de 2016. / antonio gil / agm

Casi 40 millones abonados a firmas del Grupo ACS procedían de los fondos del FLA, y otros casi 22, del ICO

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Aunque los administradores mancomunados de los entes públicos Desaladora de Escombreras (DE) y Esamur insisten en el informe que han remitido ahora al juzgado en que ambos órganos, como también el Ente Público del Agua (EPA) y sus sociedades participadas, como Hidronostrum, han estado «exhaustivamente» sometidos a control y supervisión por parte de la Administración regional, otros datos apuntan en dirección bien distinta. De hecho, algunas conclusiones que se obtienen de un documento elaborado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, también de muy reciente redacción, desvelan que algunos trámites fundamentales en el proceso de adquisición de la desaladora de Escombreras al Grupo ACS fueron hurtadas a la fiscalización de los interventores públicos.

Esa misma sospecha tiene la magistrada instructora del 'caso La Sal', María del Mar Azuar, que por tal razón interpeló el pasado octubre a la Intervención General sobre en qué momento tuvo conocimiento de la 'comfort letter' -aval o carta de patrocinio- que suscribió la Administración regional, en 2006, para garantizar el pago de un préstamo otorgado por Banesto para construir la planta desalobradora.

Pues bien, en su respuesta al juzgado, el interventor general, David Rodríguez Vicente, asegura que «no existe constancia de que dicho documento tuviera entrada en esta unidad ni por el registro externo, ni por comunicación de régimen interior». Y añade que solo fue posible acceder a ese aval en 2015, cuando a la División de Auditoría Pública se le permitió entrar en una unidad de red en la que se encontraba la documentación sobre las empresas públicas autonómicas. Y ni siquiera ahí existía expediente alguno al respecto, sino una mera mención en un acta del Consejo de Administración del EPA.

Exactamente lo mismo que ocurrió con respecto al contrato de arrendamiento suscrito en 2006 entre Hydromanagement y Desaladora de Escombreras, por el que la Comunidad asumía el compromiso de desembolsar 600 millones de euros en 25 años. La Intervención General solo supo de ese contrato casi una década más tarde, lo que ofrece una idea del grado de opacidad con el que supuestamente se operó en todo lo relativo a este proyecto.

La Intervención también informa al juzgado de que una parte nada desdeñable de los pagos al Grupo ACS se acometieron con cargo al dinero proporcionado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con casi 40 millones de euros, o con fondos del ICO, por casi 22 millones.