El Constitucional admite a trámite el recurso de la Región de Murcia contra el reparto de menores migrantes

El Ejecutivo regional recurrió el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencia migratorias extraordinarias por considerarlo inconstitucional. En virtud de este real decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia prevé enviar a la Comunidad, según cálculos iniciales, a cerca de 195 menores procedentes de Canarias y Ceuta.

El Gobierno regional considera que dicho reparto es «unilateral e impuesto», y que no solo vulnera la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía, al invadir competencias autonómicas en materia de protección de menores.

En el recurso, la Comunidad argumenta que el Gobierno central ostenta competencias exclusivas en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, pero no en infancia, donde las comparte con las comunidades, por lo que, si quiere imponer una determinada política debe pactarla, algo que no se ha producido en esta ocasión, dado que el reparto nació de un acuerdo con Junts.

El informe jurídico de la Comunidad subraya que el texto estatal establece condiciones que afectan directamente al régimen competencial autonómico, lo que sobrepasaría los límites constitucionales del uso del decreto-ley. Por tanto, el recurso también señala que el Gobierno central no justifica suficientemente el uso de esa figura normativa y que se tendría que haber aprobado como ley orgánica.

Por último, señala como argumento en contra del decreto que el Gobierno de España no garantiza la financiación necesaria para que las comunidades afronten la recepción de estas personas migrantes.Lo cierto es que el Ministerio de Juventud e Infancia anunció el reparto de 100 millones de euros a distribuir entre las comunidades de forma proporcional al esfuerzo que tengan que realizar en el reparto, pero esta cuantía es considerada insuficiente por la Comunidad.

Por otra parte, ocho ONG han reclamado en una carta al presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mayor compromiso con la protección y acogida de menores migrantes no acompañados ante el incremento de llegadas a Canarias y Ceuta en los últimos meses. La misiva fechada el pasado 6 de junio, la firman Amnistía Internacional, Murcia Acoge, Al Fanar, FAAM, Parem, Convivir sin Racismo, Abeto y el Círculo del Silencio de Cartagena, y pide a la Comunidad que cumpla «con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las diferentes comunidades autónomas, asumiendo solidariamente la reubicación obligatoria de los menores».