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Martes, 3 de septiembre 2019, 00:40
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La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente «intensificará los controles y la vigilancia para verificar que se cumple la ley de protección del Mar Menor aprobada en 2018 y, en caso de que no sea así, iniciar los correspondientes expedientes» contra los presuntos responsables. Así lo anunció ayer el titular de este departamento, Antonio Luengo, al término del Foro de Coordinación Interadministrativa del Mar Menor. Este grupo de trabajo reunió a representantes de los municipios ribereños: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, en el Palacio Consistorial de este último municipio. El objetivo es fijar una postura consensuada sobre las medidas a seguir en los próximos meses, para conseguir la recuperación de la laguna salada, en coordinación con el Gobierno central.
En la rueda de prensa posterior, Luengo se refirió a las medidas preventivas para evitar vertidos y otras prácticas perniciosas para la conservación del hábitat del Mar Menor. Preguntado por la vigilancia del efecto de las explotaciones de agricultura intensiva de regadío en la ribera sur (Cartagena), este responsable político indicó que en estas fechas abre una nueva etapa.
«Nosotros llevamos desde el decreto de medidas urgentes previo a la ley del Mar Menor formando a los agricultores. Les hemos enseñado la importancia de establecer barreras vegetales, de cambiar la orientación de la pendiente de los terrenos de cultivo, para que las integren dentro de sus modelos de producción», aseguró Luengo. Cubierta esta etapa, indico que pondrá a disposición de los agricultores los medios que necesiten para aplicar soluciones que eviten vertidos perniciosos pero, al mismo tiempo, su departamento será más severo en los casos en que detecte prácticas irregulares.
El foro reúne a responsables municipales, regionales, de la Confederación Hidrográfica del Segura, y de la Demarcación de Costas, que pertenece al Estado. Tiene fijados encuentros cada mes para evaluar la evolución ambiental del Mar Menor. Esta agenda seguirá cumpliéndose. Además, habrá cónclaves de técnicos de todas estas instituciones cada quince días, según confirmó Luengo.
La reunión de ayer no solo sirvió para que Luengo mostrara que ejercerá un mayor nivel de exigencia con quien incumpla la ley del Mar Menor. Además, le permitió recoger sugerencias y comunicar las peticiones que tiene pensado hacerle a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la entrevista que tiene previsto mantener con ella el jueves.
Entre ellas insistió en que es necesario «poner en marcha el sistema de bombeo que llevaba 20 años en activo, en la rambla del Albujón, para evitar que las aguas que han superado el nivel freático y llena de nitratos el Mar Menor sigan haciéndolo». «Tenemos que intentar que ese caudal sea desviado hacia El Mojón, en San Pedro del Pinatar, y desde allí distribuirlo para su reutilización en la agricultura», explicó. Al ser agua llena de nitratos, puede ser muy beneficiosa para el campo.
Luengo descartó que ese agua proceda del riego en campos agrícolas del entorno y también que sea de desalobradoras o de balsas de estas explotaciones. Según sus datos, son aguas del subsuelo que por filtraciones previas o durante el proceso de salir a la superficie se han llenado de nitratos perjudiciales para el Mar Menor. Esa medida «urgente» irá seguida de los resultados de los estudios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la transferencia de nitratos al Mar Menor, «que estará acabado en diciembre, según me dicen». Es un informe previo a la aplicación del plan de vertido cero. Los datos de los que dispone la Consejería indican que el Mar Menor vuelve a dar muestras de turbidez y de concentración de nutrientes que alteran su sostenibilidad y, aunque la situación no es la de hace dos años, obligan a tomar medidas de fondo para evitar nuevas regresiones cada verano.
Dos cuestiones quedaron ayer fuera de la discusión. «Hemos hablado de la presión que ejercen esos vertidos que he comentado sobre el Mar Menor, pero no hemos abordado los que pueden tener origen en la existencia de nuevos proyectos urbanísticos porque no me consta que haya ninguno de gran calado en marcha y ningún representante municipal me ha dicho lo contrario», explicó el consejero.
Respecto a los metales pesados presentes en la Sierra Minera, Antonio Luengo atribuyó a la Confederación Hidrográfica del Segura la responsabilidad de vigilar y, en su caso, despejar esos cauces.
Asimismo, Luengo consensuó con los ayuntamientos la petición de un plan coordinado sobre el mantenimiento de la franja litoral en el Mar Menor. Como en el resto de campos se trata de que el Gobierno central asuma el liderazgo en la aplicación de medidas a corto a medio y a largo plazo para evitar que cada Ayuntamiento actúe por su cuenta y haya directrices contradictorias y contraproducentes.
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