Comunidad y Consistorio de Lorca inician la regularización exprés de 30 granjas

Fuentes de esta asociación indicaron a LA VERDAD que el Gobierno regional «pretende regularizar actividades ganaderas que son ilegales, por haber superado la autorización temporal municipal, al margen de los procedimientos exigidos, con carácter general, por la ley de autonómica del suelo y por la Ley de Protección Ambiental Integrada de la Región». Y señalaron que todo «procedimiento de regularización» es una norma autonómica que exige su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) e informes de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Jurídico. Sin embargo, «ninguno de esos trámites se ha hecho», señalaron en Ecologistas acerca de una orden que sí cuenta con un informe jurídico favorable de la Consejería, solicitado el 7 de noviembre de 2022 por Francisco Espejo, quien entonces ocupaba el cargo de director general de Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Así consta en el expediente remitido por la Consejería al juzgado, al que ha tenido acceso LA VERDAD y que recoge, entre los requisitos fundamentales para que las explotaciones puedan acceder a la regularización de las granjas, que superen las evaluaciones de la Dirección General de Ganadería y de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma (ahora en manos de Vox), así como del órgano ambiental del Ayuntamiento.

A raíz de las reuniones del grupo de trabajo, el 6 de octubre pasado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca aprobó una moción de la teniente de alcalde delegada de Urbanismo (María Hernández) sobre la «regulación de explotaciones porcinas». Entre los acuerdos del ejecutivo local, compuesto entonces solo por ediles del PP, figuró instar a la Concejalía de Urbanismo a iniciar el trámite de cierre de cinco explotaciones «que no han presentado solicitud de adhesión al procedimiento de regularización».

La Junta también instó a Urbanismo a activar el trámite de solicitud de un plan de desmantelamiento a ocho granjas «en situación urbanística fuera de ordenación, cuyo uso es incompatible» con la normativa. En el primer caso, el acuerdo entre las administraciones fijaba para los titulares un plazo máximo de ejecución de la orden de dos meses y, en el segundo, de seis meses.

Ecologistas en Acción cuestiona el criterio de la Consejería. Recuerda que, tras un informe jurídico de la propia Comunidad, Ganadería se ha visto forzada a anular las autorizaciones que, durante años, concedió a setenta granjas de Lorca y otros municipios para reorientar su actividad al modelo de cebaderos, porque no les exigió una evaluación ambiental.

Fuentes de la Consejería, que ahora dirige Sara Rubira, indicaron que «se dan los pasos necesarios para que mejore la situación del sector ganadero regional» y las explotaciones «se adapten a las normativas que tienen que cumplir», tanto ambiental como de bienestar animal y de otro tipo. La orden de Luengo, aseguraron, «no tiene naturaleza de disposición de carácter general, sino que es un acto administrativo».

Solo hay una mesa de trabajo conjunta en Lorca, pero existen «contactos con otros ayuntamientos, como Cartagena y Totana». Y se han celebrado reuniones de la Mesa de Ordenación Ganadera en Puerto Lumbreras, Totana, Fuente Álamo y Lorca. En la Mesa hay representantes de Ganadería, de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio, de los consistorios y de organizaciones ganaderas.

Una de las objeciones que Ecologistas en Acción ha puesto a la orden de la Consejería de Ganadería relativa a la regularización de las granjas en Lorca es que no se garantiza, supuestamente, el cumplimiento de la normativa de protección ambiental en lo relativo a la Red Natura 2000. En su escrito ante el TSJ, la organización cuestiona que se garantice la evaluación sobre si las granjas «afectan a espacios naturales protegidos, a la flora o fauna y al paisaje». Recuerdan que las granjas de cerdos «emiten contaminantes a la atmósfera, como el amonio». Especial preocupación le merece a Ecologistas la gestión de los residuos y de los purines, así como los posibles vertidos a cauces públicos y acuíferos, teniendo en cuenta además que hay zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos.

La Junta de Gobierno Local de Lorca, compuesta entonces solo por concejales del Partido Popular, aprobó el 27 de octubre de 2023 una moción de la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, María Hernández, orientada a establecer «un régimen transitorio urbanístico específico para las explotaciones porcinas existentes afectadas por el proceso de regularización administrativa» basada en la orden del exconsejero Luengo de marzo de 2023.

Según consta en el acta de esa sesión, el ejecutivo liderado por Fulgencio Gil, que ahora gobierna con Vox, autorizó «formular el avance de la modificación no estructural número 79 del PGMO (Plan General Municipal de Ordenación Urbano) de Lorca relativa a la modificación del artículo 148.3». Asimismo, el gobierno local decidió remitir el Documento Ambiental Estratégico a distintos órganos municipales y autonómicos y publicar en el BORM el acuerdo y someterlo a información pública durante un mes.

A preguntas de LA VERDAD, el concejal de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Aguas de Lorca y Pedanías, Ángel Meca, afirmó ayer: «No le hemos querido dar publicidad, porque va a ser traumático para algunos titulares de explotaciones porcinas saber que sus granjas no podrán ser regularizadas». No precisó en qué punto están los trámites. En enero de 2022, un grupo de ganaderos asaltó el Ayuntamiento de Lorca para intentar impedir la aprobación de una ordenanza que amplió la distancia de las nuevas granjas respecto a los cascos urbanos. La iniciativa fue autorizada posteriormente y un juzgado investiga los hechos.

Meca aseguró que se ha seguido una línea de «continuidad» con la que marcó el gobierno del PSOE hasta junio de 2023, para tratar de regularizar solo las explotaciones que cumplan con la legislación ambiental y no generen conflictividad vecinal. Por ahora, dijo, no ha habido resoluciones firmes.